"El juez federal Claudio Bonadío procesó a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita", adelantaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
El expediente investiga si la actual senadora lideró una asociación ilícita para cobrar sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas durante su administración (2007-2015).
Bonadío también procesó a otros funcionarios de su administración, como el exministro de Planificación Julio de Vido, y a varios empresarios que pagaron sobornos para obtener obras públicas, entre ellos Angelo Calcaterra, exdueño de la empresa constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri.
A raíz de este suceso, varios empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron sobornos para conseguir contratos del Gobierno.
En su resolución, el magistrado también dictó un embargo de 4.000 millones de pesos (100 millones de dólares) contra la senadora.
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El pedido de desafuero al Senado es el segundo que el juez emite contra la expresidenta, después del que impulsó en la causa que investiga a Fernández por encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994.
Pero el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del interbloque Argentina Federal, advirtió que su grupo no apoyará la retirada de fueros parlamentarios de la expresidenta, de modo que la solicitud de Bonadío no prosperará.
Fernández se encuentra procesada o imputada en otras nueve causas
