"El Gobierno ha sido tolerante, pero tiene que ser firme. Una cosa es el derecho a la huelga y otra cosa son los actos de vandalismo que atentan contra los costarricenses. (…) El Gobierno está obligado a aplicar la ley y la va a aplicar", declaró el jerarca en su cuenta oficial de Twitter.
Además, la paralización de actividades afecta la provisión de servicios públicos y el funcionamiento de centros educativos y hospitales, informan medios de prensa locales.
Piza alegó que "una cosa es el diálogo y otra hostigar a muchachos para que no puedan llevar la antorcha", en referencia a las protestas durante el Día de la Independencia, que se celebró el pasado sábado y que suele incluir desfiles de antorchas.
"El problema es jugarse la vida de los costarricenses, eso es lo realmente preocupante. Que la gente le haga daño a otras personas no se vale", añadió el ministro.
Radio: Costa Rica: una isla de tranquilidad en América Latina
Por su parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que las autoridades actuarán para poner fin al paro.
"Nuestra intención no es lastimar a nadie, pero tenemos que actuar en cumplimiento de la ley", dijo Soto, citado por el medio local La Nación.
"Hago un llamado a que respeten la legislación, no queremos que nadie muera, hago un llamado a la cordura", añadió en relación con los actos para afectar los sistemas de distribución de combustible.
Desabastecimiento
Debido a los bloqueos la falta de combustible es más frecuente y amenaza el funcionamiento de gasolineras de la capital, dijo La Nación.
El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, catalogó los daños ocasionados la noche del domingo al oleoducto ubicado en El Coyol de Alajuela (centro de Costa Rica) como un "ejemplo claro de vandalismo y delincuencia".
"Las tres perforaciones que provocaron la fuga de combustible se realizaron en dirección a la carretera, exponiendo la vida de las miles de personas que transitan por esa zona y amenazando también al medio ambiente", dijo Chaves en conferencia de prensa realizada este 17 de septiembre en el Ministerio de Seguridad, consigna la web de presidencia.
La fuga ocasionó la pérdida de entre 500 y 1.000 galones de diésel, de los 3.000 que estaban encapsulados entre dos válvulas del oleoducto.
Policías se suman
El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Minor Anchía, afirmó que al menos unos 300 agentes de seguridad se manifestarán en la Casa Presidencial en protesta por las condiciones laborales que se les han impuesto para controlar las protestas.
Por su parte, el ministro de seguridad, Soto, desmintió que los oficiales hubieran sufrido falta de agua y señaló que el Gobierno ha distribuido 27.000 botellas a todas las direcciones regionales.
La huelga comenzó el 10 de septiembre en rechazo a una reforma fiscal impulsada por el Gobierno para hacer frente a un presupuesto desfinanciado.
El presidente Carlos Alvarado pidió a la justicia que declare ilegal y señaló que la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el único camino para no llegar a una crisis nacional.
La norma incluye la transformación del impuesto general sobre las ventas en un gravamen al valor agregado, una modificación impositiva sobre la renta, cambios al régimen laboral de los empleados públicos y la adopción de una regla fiscal.
Para el 19 de septiembre está prevista una movilización hasta la sede de la Asamblea Legislativa.
