Joaquim Forn se encuentra desde hace más de 10 meses en prisión provisional como medida cautelar por riesgo de fuga a la espera de juicio por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
"Actualmente hay nueve personas, entre líderes sociales y políticos, como mi padre, que desde hace más de 10 meses se encuentran en prisión preventiva", explicó la hija del político independentista en declaraciones recogidas por el medio Vilaweb.
También criticó que la Justicia española no haya accedido a las demandas de los familiares de los políticos presos de sustituir la prisión preventiva por otras medidas alternativas, "sino que optó por la peor de ellas, tratándolos como a terroristas y acusándolos de delitos que parece que únicamente lo son en España."
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Además, enumeró entre otras vulneraciones de los derechos políticos, los registros y detenciones sin garantías legales, así como las denuncias por delitos de odio contra artistas y cantantes.
Con ese fin reclamó que se cursen las invitaciones necesarias para que los relatores especiales —entre ellos el relator especial sobre Tortura y Trato Inhumano y Degradante— y grupos de trabajo de la ONU puedan visitar España y recibir de primera mano los testimonios y toda la información que consideren necesaria.
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La Asociación Catalana por los Derechos Civiles —formada por familiares de los dirigentes independentistas en prisión— entregó un documento sobre la violencia durante las cargas policiales del 1 de octubre y los días posteriores en el que reclaman al Gobierno español que facilite los datos sobre el dispositivo, así como las comunicaciones entre los agentes, y que hagan públicas las investigaciones a los responsables.
