"Las organizaciones consideramos pertinente tener un espacio de diálogo en torno al tema, en el contexto del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender los derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 9 y 10 de diciembre de este año", dice la exhortación.
El grupo de la sociedad civil que conforma el "Colectivo EPU mx" hizo un "respetuoso llamado a la cancillería del nuevo Gobierno electo a informar sobre la manera en que procesarán este mecanismo internacional", dice el documento.
La solicitud es que el futuro Gobierno considere las exigencias del colectivo y garantice el cumplimiento de las nuevas recomendaciones del próximo EPU, previsto para el 7 de noviembre próximo, luego de que el Estado mexicano ha incumplido 98% de las 163 recomendaciones del informe anterior.
"Si bien corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, expresar su aceptación o rechazo a las recomendaciones, estas se refieren a responsabilidades del Estado mexicano en su conjunto", advierte el documento del mecanismo de la ONU.
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En el contexto de una necesaria reflexión nacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos, la "inédita articulación civil" de cientos de organizaciones presentó este informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tendrá un "impacto fundamental" en la agenda de derechos humanos del nuevo Gobierno.
Entre los incumplimientos del Estado están las recomendaciones de los anteriores exámenes de 2009 y 2013, correspondientes a los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (20012-2018).
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Esos planteamientos son los "mínimos requeridos para demostrar un compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos", indica el llamamiento a López Obrador.
Las próximas recomendaciones serán emitidas en los primeros días de diciembre de 2018, cuando esté en funciones el nuevo Gobierno, que asumirá el 1 de de diciembre.
Será en marzo de 2019 cuando el nuevo presidente y su Gobierno decidan si aceptan o no cumplir con dichas recomendaciones.