En la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió a la ciudadanía por las ondas de Radio Magallanes, consciente de que serían sus últimas palabras. Con la artillería de los militares sublevados en las calles y bajo la amenaza de los aviones que luego bombardearon el Palacio de La Moneda, el artífice de las reformas estructurales llevadas adelante en el país se despedía de su pueblo.
"Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria", pronunció el presidente electo en 1971.
A diferencia de otros países de la región, donde se buscó instaurar un modelo socialista a través de la lucha armada, en Chile se construyó a través de las urnas. A partir de la llegada de Allende a La Moneda, se llevaron adelante importantes medidas, como la reforma agraria o la nacionalización del cobre, un recurso estratégico para el desarrollo del país.
Sin embargo, el Gobierno de la Unidad Popular —la coalición de izquierda encabezada por Allende— tuvo resistencias de varios sectores empresariales, mediáticos y políticos, que fomentaron un clima de desabastecimiento y penurias económicas. Aún así, el presidente logró el apoyo de los sectores populares, que tomaron los medios de producción y establecieron los llamados 'cordones industriales' en 1972.
"Es un corte violento en la tradición de nuestro país. Es también una muestra de la intervención de potencias extranjeras, en este caso específicamente EEUU, y de los intereses de empresas trasnacionales por abortar un proceso que de acuerdo a sus criterios estaba en su contra", subrayó el representante partidario.
Durante el Gobierno de Allende, se inició un camino hacia "una mayor democratización de la sociedad" en las dimensiones políticas y sociales, siempre en el marco "de una democracia formal", como la que regía en la época que la UP llegó al poder.
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Para Gajardo, la importancia de recordar el 11 de septiembre incluye el duelo por las víctimas de la dictadura y el retroceso que tuvo la sociedad con la llegada de los militares. Pero también va mucho más allá: es una oportunidad de "aprender de allí el camino hacia una sociedad mejor" en base a los ideales de Allende.
Revive la teoría de los dos demonios
"El hecho de que muchas de estas violaciones fueran cometidas por agentes del Estado solo incrementa su gravedad y el rechazo que merecen", expresa el mandatario.
"Sin embargo, es bueno y necesario recordar que nuestra democracia no terminó por muerte súbita ese 11 de septiembre de 1973. Venía gravemente enferma desde mucho antes y por distintas razones", abunda.
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Para Gajardo, este tipo de declaraciones son preocupantes, pues se inserta en un "negacionismo" que busca atenuar la responsabilidad de los hechos y "desconoce cuáles eran las realidades". Medidas como la reforma agraria contrariaban a los latifundistas, mientras que la nacionalización del cobre "no gustó a las empresas trasnacionales".
Las palabras de Piñera son eco de una corriente que "trata de acomodar la historia", opinó el portavoz del PCCh. "Dicen que de verdad fue muy malo lo que pasó, pero consideran que todos somos culpables. Que si todos somos culpables, nadie lo es tanto. Que lo que vino fue malo, pero en definitiva no lo fue tanto", ilustró.
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A criterio de Gajardo, "la derecha chilena es muy hábil y maneja todos los medios de comunicación". Dentro de este sector, hay núcleos minoritarios que dudan menos al momento de eximir a la dictadura de responsabilidades. En cambio, el sector mayoritario, como el que está en el Gobierno, tiene una postura "más compleja" respecto a la violación de los derechos humanos.
"Indirectamente entran a culpar de las violaciones de derechos humanos, no a los que los que las cometieron sino a las víctimas. Eso pretende diluir la responsabilidad histórica que ellos tuvieron y de hecho lo logran", comentó.
Rojas debió presentar su renuncia a dos días de tomar su cargo cuando resurgió un texto en el que opinaba que el Museo de la Memoria, donde se recuerdan las vejaciones llevadas adelante por los militares, eran un "montaje" y "un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional".
Estas palabras le valieron la condena de todo el espectro político, más allá de los vinculados a la defensa de los derechos humanos, y Piñera exigió su renuncia. Para Gajardo, tales dichos son indicadores de que es necesario redoblar "la lucha por la memoria, por la verdad histórica, por la justicia y por la construcción de una sociedad sana".
Impunidad en la justicia
En los últimos meses, la Corte Suprema de Justicia emitió dictámenes que concedían libertad condicional a autores de crímenes de lesa humanidad llevados adelante en dictadura. Esto llevó a que representantes de un amplio espectro de partidos —incluido el PCCh— presentaran una acusación constitucional contra los jueces que tomaron esa decisión.
Los que actualmente cumplen pena, lo hacen en condiciones netamente más privilegiadas de los reos comunes. Los partidarios de liberarlos suelen aducir que son personas de edad avanzada y la necesidad de ir hacia el futuro sin mirar el pasado.
"Con eso se obvia lo central, y es que acá hubo crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos. Se obvia que hubo hombres y mujeres militantes del movimiento popular, incluso gente común y corriente que sufrió sin tener acceso a ninguna justicia", dijo el portavoz del PCCh.
"Ningún tribunal los condenó: simplemente fueron asesinados en condiciones brutales y crueles como degollamientos, torturas o lanzamientos de vivos al mar", añadió.
El legado de Allende, olvidado en el 'milagro económico' chileno
A su criterio, la modernización de la industria agraria "no hubiera sido posible", y en consecuencia "la capacidad de exportación que existe hoy en ese sector" no sería tal. Lo mismo con la minería, ya que aún hoy parte de la industria del cobre está bajo control estatal, y aporta "un conjunto de recursos" esenciales para el Gobierno.
"Las líneas neoliberales 'modernizadoras' atacaron otros elementos y produjeron una mayor desigualdad. En estos momentos se habla en Chile de un PBI per cápita de 24.000 dólares. Sin embargo, 53% de la población gana menos de 6.000 dólares per cápita. Hay un 1% de la población que concentra más del 20% de la riqueza producida en el país", aseguró el entrevistado.
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"Es uno de los factores que señalamos y no negamos. Cualquier esquema de desarrollo obviamente genera progresos. El tema es bajo qué costos se producen, al costo de quién y en beneficio de quiénes", dijo Gajardo.
"Cuando hablamo de que el Gobierno de Allende permitía una mayor democracia social y económica, nos referimos a una lucha que estamos recogiendo e intentando convertir en realidad. No puede ser que en un país como el nuestro sea tan alto el grado de desigualdad", planteó.