"Los congresistas nos dirigimos (…) para expresarles nuestra profunda preocupación por el rápido deterioro (…) del Ministerio Público como consecuencia de los graves cuestionamientos sobre el fiscal de la Nación", se lee en la mencionada carta.
En un informe presentado el 30 de agosto, la fiscal contra el crimen organizado, Sandra Castro, sindicó al fiscal de la Nación como miembro de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Este informe ha motivado que las bancadas del Parlamento exijan formalmente ante el Ministerio Público la renuncia de Chávarry, algo que ya venían pidiendo públicamente ante las sospechas sobre el fiscal de la Nación.
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Chávarry asumió el cargo a inicios de junio bajo acusaciones de ser parte de una mafia enquistada al interior del Ministerio Público.
Tanto a Ríos como a Hinostroza se les revelaron a inicios de junio conversaciones telefónicas en las que traficaban con coimas y favores al interior del aparato judicial, entre otros delitos.
A pesar de que al inicio el fiscal de la Nación negó tener vínculos con esta red corrupta, conversaciones telefónicas con el juez Hinostroza difundidas posteriormente hicieron que admitiera sus relación con la organización, aunque descartó que éstas incluyan delitos.
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En las conversaciones con Hinostroza, realizadas en mayo, se escuchaba cómo el actual fiscal de la Nación pactaba estrategias para asegurar su nombramiento, incluyendo reuniones con "periodistas amigos" en la casa del empresario Antonio Camayo.
Esta red se cree que también está implicada en el delito de lavado de activos, y operaba principalmente en el puerto del Callao, de allí su nombre.
Algunos congresistas de la APRA, así como de Fuerza Popular, incluida su líder, Keiko Fujimori, han participado de conversaciones telefónicas interceptadas o han sido nombradas en ellas.
Desde el polémico nombramiento del fiscal de la Nación, tanto Fuerza Popular, que detenta mayoría en el Congreso, como la APRA, han manifestado estar a favor de su permanencia en el cargo.
