La resolución del CPC indica que "el inicio del proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional" será "dentro de los 60 días, contados dentro de la expedición del mandato de este Consejo".
El cese de los magistrados se ratificó con seis votos de los integrantes del Consejo, mientras que el consejero Xavier Zavala Egas se abstuvo.
De esta manera, Alfredo Ruiz Guzmán (presidente), Pamela Martínez Loayza (vicepresidenta), Wendy Molina Andrade, Emma Roxana Silva Chicaiza, Marien Segura Reascos, Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Víctor Francisco Butiñá Martínez fueron depuestos de sus cargos definitivamente.
Entre los argumentos que validó el Consejo de Participación para proceder con el cese de los funcionarios está que más de 90% de los jueces fueron nombrados "de manera ilegítima" pues durante el concurso de méritos al que se sometieron habrían recibido más puntos de los que merecían.
Otros magistrados fueron observados por operaciones financieras inusuales que al momento se investigan en la Fiscalía General del Estado.
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Asimismo, su cercanía al Gobierno de expresidente Rafael Correa (2007-2017) habría sido otro motivo para su destitución pues en las sentencias de la Corte se habría evidenciado afinidad con el exmandatario y perjuicio hacia otros actores.
También se observó que los jueces cometieron errores de método en la redacción de sus sentencias, sin "concordancia" ni "lógica" en sus decisiones.