"Se tiene certeza de la utilización de armas letales de parte de comunarios contra la policía, es una situación altamente preocupante porque puede llevar a mayores dimensiones de muertes y desapariciones", dijo el funcionario, según reportó la radio local Panamericana.
En la misma región, dos cocaleros fallecieron el 28 de agosto en otro choque entre policías y campesinos.
Mientras la policía, que acompaña a las brigadas de reducción de cocales, denunció haber sido sufrido emboscadas de "grupos irregulares armados" de campesinos, estos últimos aseguraron que la violencia fue desatada por una arremetida de la fuerza del orden.
"Esta es una situación deplorable que tiene que terminar", dijo Tezanos, un funcionario nombrado por la Asamblea Plurinacional (parlamento).
La iniciativa de mediación, que según Tezanos podría materializarse en una reunión en la misma región de Yungas, surgió mientras dos organizaciones de productores de coca anunciaban marchas y otras protestas contra la política de reducción de cocales y en demanda de liberación de uno de sus líderes, procesado por la muerte del policía.
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Los demás cocales se ubican en la nueva región agrícola de Chapare, cuyos sindicatos campesinos están liderados por el presidente Morales.
El Gobierno ejecuta un plan de erradicación de los cocales, para ubicarlos en el máximo de 22.000 hectáreas en todo el país, autorizado por una ley que Morales promulgó en 2017, casi duplicando el límite anterior.
Teóricamente, esos cocales deberían abastecer el consumo legal de coca en infusiones, masticación y ceremonias ancestrales, pero tanto el Gobierno como los cocaleros admiten que parte de la producción es "desviada" a la fabricación de cocaína.
