"Al incumplirse la ley, inmediatamente la misma jueza tiene que ordenar y pedir al Gobierno del Ecuador que suspenda esta nueva exigencia", dijo este 27 de agosto en declaraciones a la prensa el defensor Público, Ernesto Pazmiño.
"Por 11 casos nos creo que debamos generalizar las disposiciones que perjudican al colectivo de venezolanos", añadió Pazmiño.
El 24 de agosto, la justicia dejó sin efecto la orden del Ejecutivo de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos que ingresan a Ecuador por cuatro puntos fronterizos, sin embargo, a las pocas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un acuerdo en el que se incluye como nuevo requisito presentar "un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador".
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O también presentar un certificado de validez de la cédula "emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debidamente apostillado".
De acuerdo con datos de la cancillería, 80% de venezolanos que ingresa al país lo hace portando su pasaporte, por lo que la exigencia afectaría a 20% de los migrantes, quienes se arriesgan a avanzar sin protección con el objetivo de llegar a Perú o Chile.
La ley ecuatoriana no permite la deportación ni considera a los extranjeros como irregulares, sea cual sea su condición migratoria, sin embargo, Ecuador insta a los venezolanos a regular su situación dentro del plazo de 180 días establecido en la Ley de Movilidad Humana.
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Entre enero y agosto ingresaron a territorio ecuatoriano 600.000 venezolanos, de los cuales 30%, alrededor de 180 mil, permanecen en el país.
A inicios de agosto ingresaron alrededor de 4.200 ciudadanos por día a través de los cuatro puntos fronterizos, aunque ese número ha ido reduciéndose en los últimos días.
