"La ONU-DH hace un llamado a las autoridades mexicanas para intensificar los esfuerzos que permitan la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia", originarias en su mayoría de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador, indicó Jarab, según una declaración con motivo del aniversario.
El 24 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos de migrantes ejecutados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital mexicana.
Las ejecuciones fueron perpetradas por traficantes de personas del crimen organizado.
Esas masacres, otra ejecución de migrantes ocurrida en el mismo municipio en 2011 y un tercer asesinato de varias personas indocumentadas en 2012, en Cadereyta, estado Nuevo León (norte), son "reflejo de las graves violaciones de derechos humanos que sufre la población migrante en su tránsito por México", afirmó Jarab.
El representante de ONU-DH reconoció que ha habido esfuerzos del Estado mexicano y avances en la identificación de los migrantes desaparecidos, "con importantes aportes realizados por expertos de la sociedad civil y los familiares de las víctimas para el esclarecimiento de los hechos".
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No obstante estos avances, a ocho años de la masacre, los familiares todavía siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación.
"Durante este tiempo, las familias han enfrentado irregularidades respecto a la correcta identificación y entrega de los cuerpos hallados, falta de coordinación entre los países centroamericanos y México, y dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones", denunció la ONU-DH.
En casos tan complejos como estos, los Estados de origen, tránsito y destino de migrantes "deben redoblar los esfuerzos en la búsqueda, investigación y sanción de los responsables de los delitos cometidos en su contra, asimismo, para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo", indicó Jarab.
El Gobierno de México entregó el miércoles de esta semana compensaciones a las víctimas ecuatorianas, directas e indirectas de la masacre.
Cinco de las personas ejecutadas eran ecuatorianas y un sobreviviente de ese país sudamericano aún cuenta con seguridad estatal.
