"La razón de que la ley sancione el negacionismo es para proteger los valores democráticos y la democracia del futuro", dijo Sánchez, en referencia a un proyecto de ley presentado hace siete años en el Congreso chileno y que pena con cárcel el negacionismo respecto a la dictadura chilena.
El 12 de agosto, el ministro de las Culturas de Chile, Mauricio Rojas, renunció a su cargo tras haber criticado el Museo de la Memoria, institución dedicada a honrar a las víctimas de la dictadura de Pinochet.
Sánchez aseguró que prohibir el negacionismo de la dictadura es "fundamental para no cometer los mismos hechos".
"Cuando hay sociedades que se plantean superar y no repetir eventos tan desastrosos como dictaduras y genocidios, es fundamental que se trabaje con las nuevas generaciones haciendo memoria histórica", afirmó el dirigente a esta agencia.
Asimismo, remarcó que "como sociedad democrática no deben haber dos posiciones sobre este hecho, tenemos que tener una sola conclusión: repudio".
"Cuando tenemos una democracia que proteger, se deben privilegiar ciertos valores, y un valor fundamental es que los seres humanos no se relacionan entre sí con torturas y asesinatos", afirmó.
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También entró a la discusión la expresidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, quien afirmó que "todos los derechos humanos, incluso el de la libertad de expresión, tienen un límite".
"Uno como activista y defensora del derecho a la comunicación, siempre busca que nadie sea perseguido por lo que dice, pero ese derecho tiene un límite, y es que no se ocupe para sembrar odiosidad, para atentar contra los derechos de otros ni para reivindicar autoritarismos que han violado los derechos humanos de los pueblos", afirmó Olivares a Sputnik.
La expresidenta del Colegio de Periodistas sostuvo que el negacionismo de la dictadura "debiera regularse en Chile, tal como ha ocurrido en otros países".
El negacionismo del Holocausto judío, como se conoce el exterminio de ese pueblo a manos del nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), es delito en Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Eslovaquia, Francia, Holanda, Hungría, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia y Suiza.
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