"Chile debe abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de derechos de los pueblos indígenas", señaló el Comité en un informe sobre el país sudamericano.
El comité emitió un informe en el que expresó su preocupación por la "amplitud y vaguedad" de la tipificación de los delitos contenidos en la controversial ley antiterrorista de Chile.
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El organismo internacional señaló que muchas de las medidas de la ley "limitan salvaguardas fundamentales y garantáis procesales", como la posibilidad de ampliar los plazos de formalización o las "prolongadas" detenciones preventivas de los acusados.
Específicamente, el Comité hizo hincapié en la aplicación que la Justicia chilena ha hecho de esta ley en los casos en que comuneros mapuches han sido acusados de ataques incendiarios a camiones, iglesias y maquinaria forestal en el sur del país.
Por último, el Comité emplazó a Chile a "revisar y enmendar su legislación" y a precisar la definición y tipificación de los delitos terroristas.
La Ley Antiterrorista fue creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y establece entre otras cosas penas más altas para los responsables de delitos, al tiempo que da la posibilidad a la Fiscalía de utilizar testigos protegidos.
