"Tenemos casos registrados desde 1984, por lo que nuestro propósito es manifestar a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) y al país que el asesinato de indígenas es sistemático y continuo", dijo a Sputnik la titular de la Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas, Aida Quilcué, coautora del documento que denuncia 2.955 casos.
"Esperamos que el informe les permita a los magistrados de la JEP priorizar e investigar estos hechos y que los casos de indígenas asesinados empiecen a ser importantes en el marco de la construcción de la paz y la reconciliación de Colombia", agregó Quilcué.
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En este país están identificados 102 pueblos indígenas y 36 de ellos están en peligro de ser exterminados por la violencia y el desplazamiento.
- Violencia
El documento que se presentará a la JEP se refiere a los asesinatos cometidos en el marco del conflicto armado que estalló en 1964, pero los pueblos indígenas avanzan en otro reporte que muestra la dimensión de la violencia contra esta población incluso en la etapa actual de posconflicto.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que agrupa a las principales organizaciones y etnias del país, denuncia que la violencia ha desplazado desde fines de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, a 5.730 indígenas, mientras 8.245 sufren confinamientos, 10 más fueron torturados y 25 fueron reclutados por grupos ilegales.
Además, 21 cayeron víctimas de atentados y 161 se encuentran amenazados, indicó la ONIC.
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La mayoría de casos se concentran en los departamentos de Chocó (noroeste), Nariño, Cauca y Valle del Cauca (todos en el suroeste).
"Nuestro propósito es consolidar una base de datos en la que se revelen distintos hechos victimizantes, especialmente asesinatos, desplazamientos y confinamientos, entre otros", indicó Quilcué.
- Control de la tierra
La violencia contra los pueblos indígenas es producto de la defensa del territorio y del ambiente que ellos ejercen, denuncian sus organizaciones.

Varios de los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución y llamados "resguardos", son escenario de confrontación de grupos ilegales que buscan hacerse de ellos para la plantación de cultivos ilícitos y por sostener rutas del narcotráfico.
El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que entre 2015 y 2016 los cultivos de coca crecieron 52%, al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas.
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En ese periodo la afectación por cultivos de coca en resguardos indígenas aumentó 32%, (de 11.837 a 15.665 hectáreas en 2016.
El asunto central es la incompleta o nula implementación de los acuerdos de paz, indican las organizaciones indígenas.
Las negociaciones entre el recién concluido Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dieron oportunidad para que las comunidades indígenas participaran como víctimas del conflicto.
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Pero tuvieron escaso espacio para hacerse oír en la implementación del capítulo étnico del acuerdo en el Congreso, asegura la ONIC.
"Aunque el capítulo étnico ratificó el derecho de los pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el proceso legislativo (…) para aprobar la normatividad del acuerdo [de paz] supuso un retroceso preocupante en el ejercicio de este derecho", señaló la semana pasada la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos en una audiencia pública en Bogotá.
Según ese cuerpo consultivo, "el Gobierno se abrogó la potestad de decidir qué decretos o normas eran objeto de consulta, sin concertar este mecanismo con las comunidades" y como resultado de ello "se debilitó el ejercicio de este derecho".
"El capítulo étnico hace parte integral del acuerdo de paz, pero lastimosamente poco se tuvo en cuenta en su implementación, por lo que esperamos impulsarlo a través de los reportes que entregaremos de forma paulatina a la JEP y poder socializarlo con el nuevo Gobierno", añadió.
El nuevo Gobierno de Iván Duque, investido el 7 de agosto, anunció ya que realizará modificaciones al acuerdo de paz.
En el censo de 2005 se contabilizaron 1,4 millones de indígenas en Colombia.
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La ONIC está embarcada en la organización y promoción de un nuevo censo en todas las comunidades indígenas, sumándose a la tarea que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.