La magistrada Carmen Rodríguez-Medel está investigando un caso de irregularidades por el que altos cargos del PP se beneficiaban, presuntamente, de las ventajas que les ofrecía un "amigo" suyo, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde.
Álvarez Conde fue director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) cuando el PP llegó al poder en 1996 de la mano de José María Aznar, y ahora está suspendido cautelarmente de su puesto tras haber sido acusado por la Justicia de un delito de falsedad documental.
Casado, de 37 años, habría sido uno de los beneficiados de este trato de favor, durante el curso 2008-2009, cuando era presidente de Nuevas Generaciones —la sección juvenil del Partido Popular— de la Comunidad de Madrid y diputado regional. El propio Casado reconoció que había negociado con Álvarez Conde la posibilidad de tener facilidades a la hora de realizar el postgrado.
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Los delitos de los que se le acusa a Casado —recientemente elegido líder del PP en un proceso de primarias— están penados de uno a tres años de cárcel por el cohecho impropio y de 9 a 15 años de inhabilitación por la prevaricación administrativa.
"Sólo alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con Álvarez Conde se veían beneficiados de esta prebenda", recalca el escrito.
En resumen, todo era un fraude concertado, explica la magistrada, en el que estos alumnos "compinchados" actuaban de forma simultánea, mediante formatos idénticos en algunos casos, por los que lograban los mismos resultados.
La gravedad de los hechos obligó a Casado a modificar su agenda personal y a defenderse en una multitudinaria conferencia de prensa, en la que descartó presentar la dimisión y donde manifestó que era víctima de una persecución. "Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país", declaró ofendido.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 28 июня 2018 г.
El llamado "caso del máster" ya puso en el punto de mira a la entonces presidenta del Gobierno regional madrileño, Cristina Cifuentes, también dirigente del PP, pues ella cursó el mismo máster que Casado, y las investigaciones detectaron firmas falsificadas en el acta de evaluación de su trabajo de fin de postgrado. Cifuentes finalmente dimitió el 28 de abril de este año, al difundirse un vídeo comprometedor en el que un guardia de seguridad de un supermercado le hacía vaciar su bolso tras haber sido sorprendida robando unos botes de crema de la sección de perfumería.
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La cúpula del partido, citada por el diario digital El Independiente, se siente de nuevo "dentro del bucle" de la sospecha. Aunque sus máximos responsables confían en que Casado saldrá airoso de este envite judicial y el caso terminará archivado, no ocultan la posibilidad de que la lentitud del procedimiento en el Supremo pueda alargarse hasta 2019, una fecha crucial en España pues será año de elecciones municipales, regionales y europeas. Esa coincidencia puede afectarles negativamente en los resultados.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK