"Corrompidos por las redes mafiosas tanto el sistema de justicia como el Congreso o el Poder Ejecutivo, además con un vínculo estrecho con el poder económico que ha utilizado al Poder Judicial para favorecerse en sus negocios, nosotros creemos que un verdadero cambio solo se podría lograr con la elaboración de una nueva Constitución que emane de un gran diálogo nacional", dijo Mendoza.
Pero Mendoza observó que esto no soluciona nada.
"No debemos descartar la posibilidad de convocar nuevas elecciones generales en las que podamos devolver el poder al pueblo, algo que es, en esencia, la democracia", dijo Mendoza.
La dirigente y excongresista dijo que "sabemos bien que una propuesta de reforma del sistema de justicia va a acabar en el Congreso, donde tenemos una mayoría fujimorista [en referencia al partido derechista Fuerza Popular de Keiko Fujimori] coludida con estas mafias, y que ha demostrado con hechos recientes más interés en blindarse que en sacar a los corruptos".
Los personajes que presuntamente integrarían esta red de corrupción que negocia favores políticos o acepta sobornos, pertenecerían a sectores afines, en lo político, a Fuerza Popular y a su aliada en el Congreso, la centroizquierdista Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Cuando comenzó el 8 de julio la difusión de los audios de interceptaciones telefónicas, las reacciones de Fuerza Popular y de la APRA fueron polémicas dada la gravedad de los presuntos actos ilícitos revelados, que iban desde pedidos de sobornos de un juez de alto rango, hasta la negociación de la pena para un violador de una menor de edad por parte de un vocal supremo.
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En ese momento crítico, el dos veces expresidente y líder de la APRA, Alan García, y el vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, exigieron sancionar la interceptación telefónica por ser ilegal.
Nada dijeron García y Becerril sobre los supuestos delitos que se estaban revelando en los audios obtenidos, tal como se supo días después, de manera legal y con autorización fiscal.
Que se vayan todos
A medida que la prensa divulga nuevos audios sobre la red de corrupción, la protesta ciudadana va en aumento.
"Al decir ‘que se vayan todos’ se está señalando que la corrupción es generalizada e institucional, y que no se trata de sacar a una o dos personas sino que en la medida en que la mafia ha contaminado todo el sistema político, necesitamos sacar a todos los corruptos", dijo Mendoza, cuyo partido participa activamente de las marchas.
Pero, advirtió la dirigente, también se requiere "hacer cambios en la normativa para ponerle un freno a estas mafias, porque si no vamos a repetir la misma historia, pero con nuevos corruptos".
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El reclamo de una nueva Constitución, según la lideresa de Nuevo Perú, se basa en que la actual carta magna, aprobada en 1993 durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), "consagra el paradigma neoliberal" y pone al "poder económico por encima de la dignidad humana, la democracia o la protección de minorías como los pueblos indígenas o los miembros de la comunidad LGTBI", dijo Mendoza.
Sin embargo, y "a pesar de los límites de la Constitución actual, existen los mecanismos legales para un adelanto de elecciones", observó.
"Hay antecedentes en la historia de Perú. En la transición democrática del año 2000, cuando la movilización ciudadana le puso fin a la dictadura de Fujimori, se tuvo que recurrir a amplios acuerdos políticos para lograr esa transición", recordó Mendoza.
"El tiempo nos está dando la razón cuando hablábamos de que la institucionalidad de Perú estaba en una crisis muy grave", insistió Mendoza.
"No creo que este sea el momento de calcular quién puede salir ganando en términos de oportunidades electorales; es tal el nivel de la crisis que el cálculo y el juego electoral, que son legítimos, no importan", dijo la excandidata presidencial.
Para Mendoza, "la prioridad es sanear nuestras instituciones para que quien gobierne a futuro nuestro país lo haga en condiciones mínimas de democracia".
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El 20 de julio, el Congreso aprobó por unanimidad la remoción de los siete integrantes del CNM, en una sesión extraordinaria celebrada a pedido del propio presidente Vizcarra y de la que participaron 119 legisladores.
El día anterior había renunciado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a raíz de la "crisis institucional" de esa rama del Estado, según él mismo explicó mediante un comunicado.
