"Me siento plenamente convocada para empujar que Chile discuta abiertamente el aborto como un derecho, que se debe ejercer de modo libre y seguro para todas", afirmó Sánchez.
Después de las elecciones presidenciales de marzo de este año, Sánchez, que obtuvo un sorpresivo 20 por ciento de los votos, se apartó de la escena política contingente.
El 25 de julio, la excandidata participó junto a miles de personas en una movilización nacional por el aborto "libre, gratuito y seguro", portando el pañuelo verde que simboliza esta causa.
"Fue una marcha muy bonita, plural, con mucho cariño y conciencia de que estamos dando pasos importantes, que a su vez se fundan sobre las luchas de las que vinieron antes", aseguró Sánchez.
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La excandidata señaló que los movimientos feministas y las campañas a favor del aborto que han liderado las mujeres de distintos países de América Latina, especialmente en la vecina Argentina, "han sido muy inspiradoras".
Sánchez se refirió en la entrevista con Sputnik a una situación de violencia que se generó al final de la movilización del 25 de julio, en la que tres manifestantes fueron apuñaladas supuestamente por miembros de grupos extremistas y antiabortistas.
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"Los crímenes que vimos al final de la marcha, con el apuñalamiento de tres manifestantes, son la consecuencia de un discurso de odio a las mujeres y a sus derechos, un discurso que llama a asesinar a la mujer que tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo", sostuvo Sánchez.
La dirigente destacó la importancia de la unidad de todos los sectores políticos democráticos para "repudiar esta violencia y defender el derecho de toda sociedad a dar este debate como corresponde".
Entre el 7 y 8 de agosto, Sánchez viajará a Buenos Aires para participar en una serie de actos públicos que se organizan en coincidencia con la sesión del Senado argentino en la que se votará el proyecto de legalización del aborto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
El aborto sigue siendo un delito en Chile.
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Una ley aprobada el año pasado por el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) legalizó la interrupción voluntaria en tres causales: cuando hay peligro de vida para la madre, cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida y en caso de que el embarazo sea producto de una violación.
