"Los datos indican que en 2017, 57 activistas fueron asesinados, 25 de ellos durante tres masacres. (…). En vez de tomar medidas para prevenir estas atrocidades, el Presidente Michael Temer ha suavizado las leyes y ha debilitado las instituciones destinadas a protegerles", anunció la ONG británica.
El reporte informa que en los países estudiados, el sector del agronegocio se situaría como el más peligroso, seguido del sector minero.
Según Global Witness los activistas medioambientales se encuentran en la primera línea del campo de batalla para defender intereses comunes a toda la humanidad: sostenibilidad, biodiversidad, justicia y preservación de los derechos humanos.
La ONG responsabiliza a los distintos gobiernos por las muertes al afirmar que han fallado en su actuación "responsable, ética y legal", e invita a los consumidores a demandar de las empresas que estas no abusen de los derechos humanos en la producción de bienes, que no destruyan la cultura o actúen en pro de la devastación medioambiental.
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