Antes se informó de que Corea del Sur investigaría la noticia de que una unidad de inteligencia militar barajó el año pasado la opción de introducir una ley marcial y desplegar carros de combate y tropas en Seúl para sofocar las posibles protestas en el caso de que el Tribunal Constitucional se negara a avalar la destitución de la entonces presidenta Park Geun-hye.
Además, para "restablecer el orden público" se sugirió recurrir a la ayuda de agregados militares extranjeros para la "introducción inminente de la ley marcial".
El Ministro de Asuntos Exteriores debía recibir la aprobación de este paso de las delegaciones extranjeras.
El documento también incluye medidas para evitar que el Parlamento vote a favor de la abolición de la ley marcial, así como para evitar que diplomáticos y residentes extranjeros salgan del país.
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Además, el documento ofrece una serie de pasos para controlar los medios de comunicación.
Ninguna de estas opciones se implementó, ya que el 10 de marzo de 2017, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó a Park Geun-hye.
Park Geun-hye fue apartada del cargo de presidenta de Corea del Sur en diciembre de 2016, destituida por el Tribunal Constitucional en marzo de 2017 y sentenciada en abril de pasado a 24 años de prisión por delitos de sobornos, coerción y abuso de poder.
La expresidenta se había confabulado con su amiga, Choi Soon-sil, condenada en febrero a 20 años de prisión, para extorsionar por decenas de millones de dólares a grandes empresas como Samsung, Lotte y SK, a cambio de favores.
