El miércoles 11 de julio Santos anunció la puesta en marcha de un plan de intervención y de recompensas orientado a garantizar la protección de los líderes sociales en el país como medida ante la reciente ola de asesinatos.
Sin embargo, Mancera considera que el "mayor obstáculo" para lograr la seguridad es que el Gobierno siga aumentando los rubros de Defensa y disminuyendo "el presupuesto en inclusión social y otros sectores que son estratégicos para atacar las causas estructurales de la violencia en los territorios".
"La UNP se ha centrado mucho en la protección material, [invierten en] chalecos, carros blindados, pistolas. A nosotros no nos sirve esa protección para nuestros líderes", aseguró. El problema está en que "no hay una coordinación real con la política de seguridad nacional", agregó la activista de derechos humanos.
En ese sentido, explicó que "la política de seguridad nacional criminaliza las economías en el territorio, realiza una persecución a nuestros líderes sociales, a los cultivadores, a los pequeños mineros, y pues están en una dinámica y una lógica de militarización y no de intervención social, económica y preventiva".
A su vez, esas zonas se caracterizan por los "megaproyectos" (allí hay hidroeléctricas, explotación minera) y los cultivos de coca y marihuana. "Al no haber una presencia integral del Estado, lo que sucede es que la disputa por el control de economías ilícitas, mal llamadas de uso ilícito para nosotros, y de minería artesanal, hace que se conviertan en el punto de conflicto", explicó.
Además: Líderes sociales de Cauca y Antioquia, en Colombia, con mayor riesgo de ser asesinados
Otra característica de la zona es que "hay una fuerte organización social y comunitaria", que es respetada por los insurgentes, "pero no es tratada de la misma manera por los paramilitares, e incluso por los grupos armados como el Ejército y la Policía", indicó Mancera.
