"A lo largo del país encontramos distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a electores reclutados indignamente, particularmente en poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad, e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta", dijo Martínez en rueda de prensa.
En los últimos días, hubo varias detenciones de funcionarios y políticos.
Martínez señaló que "se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI", que afecta a la democracia colombiana.
"Se han encontrado más de 2.000 intermediarios organizados para favorecer candidaturas al Congreso", precisó el funcionario, quien subrayó que en Colombia existen "complejos entramados de corrupción creados con el propósito de alterar el proceso democrático".
La fiscalía llevó adelante en la ciudad de Barranquilla (Atlántico, norte) la Operación Casa Blanca, que destapó la compra de votos de la campaña de la senadora electa Aida Merlano, del Partido Conservador y ya detenida.
Llinás no resultó electa, a pesar del fraude.
En el entramado de compra de votos en la región de la Costa Atlántica (norte) la fiscalía también vinculó al diputado Fabián Castillo, de Cambio Radical, electo senador en los comicios del pasado 11 de marzo.
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Otro implicado es el alcalde del municipio de Ciénaga (Magdalena), Edgardo Suárez, quien será judicializado por tráfico de influencias por intermediar por un hombre que fue detenido el día de los comicios con siete millones de pesos (unos 2.376 dólares) para comprar votos.
Otra red de compra de votos se reveló en la ciudad de Medellín (capital de Antioquia, noroeste) a favor de la candidata a diputada por el Centro Democrático, Margarita Restrepo, que ofreció viajes a la isla caribeña de San Andrés, televisores, tabletas y sobornos por 350.000 pesos (unos 118 dólares) para quien votara por ella
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La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, está asimismo supuestamente vinculada al escándalo de compra de votos, según el fiscal.
En el municipio de Caucasia (Antioquia), la fiscalía halló evidencias de fraudes a favor de contratos con el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje, y en el departamento del Cauca (suroeste) encontró 250 votos marcados por la misma persona.
Otro de los hechos se registró en el municipio de Soledad (Atlántico), donde los jurados de votación fueron inscritos y seleccionados por una persona natural que tenía vínculos con funcionarios de la estatal Registraduría Nacional (organismo encargado de organizar las elecciones en el país).
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Martínez afirmó que las investigaciones sobre compra de votos proseguirán, y los resultados de las capturas serán reportados en los próximos días.
El fiscal fue criticado por no hacer público de inmediato el fraude considerando que los ciudadanos se iban a enfrentar a la última instancia electoral sin saber qué dirigentes y partidos estaban implicados.
El Congreso colombiano electo en marzo comenzará a sesionar el 20 de julio en una legislatura 2018-2022.
