"Hay una extralimitación de las medidas cautelares que se otorgaron al expresidente Rafael Correa", dijo el asambleísta Juan Lloret en una rueda de prensa del bloque de legisladores leales al exmandatario.
La justicia vinculó a Correa con el secuestro de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus testimonios que la orden de secuestrar al político vino desde el Palacio de Carondelet (sede del Gobierno) y del propio entonces presidente.
Balda, un exlegislador, se refugiaba en ese momento en territorio colombiano a raíz de que la justicia de Ecuador había emitido contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado por sus denuncias de que el Gobierno de Correa ejecutaba acciones de espionaje de opositores y periodistas.
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En la audiencia de vinculación que tuvo lugar el pasado lunes, el fiscal general Paúl Pérez solicitó que Correa se presentara periódicamente en el consulado ecuatoriano en Bélgica como medida cautelar, considerando que reside fuera del país, pero este extremo fue rechazado por la jueza Daniella Camacho.
Los correligionarios de Correa consideran que la decisión de Camacho fue desmesurada y obedece a una persecución política a Correa, que sigue "directrices políticas de un sector" no identificado.
"Esta es una actuación excesiva de parte de las autoridades de justicia, que demuestra un proceso de persecución política hacia el expresidente de la República Rafael Correa Delgado", agregó Lloret.
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El martes último, el exmandatario advirtió desde Madrid que si la justicia ecuatoriana emite una orden de prisión preventiva en su contra por incumplir las medidas cautelares, analizaría la posibilidad de solicitar asilo político en Bélgica, donde reside desde el año pasado, cuando dejó la presidencia.