Las "lecciones de democracia" de EEUU a América Latina hacen agua en Puerto Rico

Así lo dijo en diálogo con Sputnik Eduardo Villanueva Muñoz, portavoz del Comité Pro Derechos Humanos Puerto Rico, a la luz del borrador de proyecto de resolución aprobado el 18 de junio por el órgano de Naciones Unidas dedicado al seguimiento de los territorios no autónomos.

El borrador, dijo, es parte de una iniciativa del "Gobierno de Puerto Rico, los partidos políticos y los movimientos no inscritos" para modificar el estatus actual de la Isla, en libre asociación con los EEUU, pero sin voto ni poder de decisión en el Congreso. Esta situación fue avalada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1953, que retiró a San Juan de la lista de territorios por descolonizar.

"Eso ya se sabe que fue una mentira, un engaño a la comunidad internacional. Seguimos siendo un territorio no incorporado de EEUU, una colonia. El oficialismo y la oposición están en diálogo, intentando presionar al presidente de EEUU y al Congreso para que atiendan el asunto del Estado de Puerto Rico", aseguró Villanueva.

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Según el experto, la situación actual de la Isla caribeña está violando el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que exhorta a los miembros que administren territorios "cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio" a asegurar "su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso".

Esta situación contrasta con el panorama actual de Puerto Rico, que no logra recuperarse del desastre provocado por los huracanes Irma y María ni tiene la autonomía para tomar decisiones para acelerar la reconstrucción, y con el lastre de una deuda de más de 70.000 millones de dólares, alrededor del 100% del producto nacional bruto de 2016.

"Por virtud de una ley federal de EEUU, la ley PROMESA —siglas en inglés de 'ley de Vigilancia, Gestión y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico', aprobada por el Congreso en junio de 2016 y promulgada por el Gobierno de Barack Obama— se creó una junta de control fiscal que entiende que está por encima del Gobierno y determina cuáles son las prioridades para invertir el dinero que se recauda", dijo Villanueva.

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"Esas prioridades no tienen que ver con educación, salud, empleo o seguridad, sino con el pago de la deuda externa. Se estima que ha alcanzado 72.000 millones de dólares y no ha sido auditada. Varios economistas plantean que si se auditara, se reduciría considerablemente", puntualizó.

En total, más de 40 colectivos locales y aliados internacionales se dirigieron al Comité de Descolonización para denunciar su situación de "genocidio y 'terrorismo económico' encarnado por las corporaciones multinacionales —y facilitado por el Gobierno de EEUU— para explotar los recursos de Puerto Rico, aún cuando el Gobierno de ese país implementó medidas de austeridad que obligaron a cerrar escuelas y a no pagar pensiones".

"Otros expresaron rabia en relación a la falta de apoyo a Puerto Rico tras el huracán María en 2017, y notaron que el mundo asistió a la escena 'insultante' y 'burlona' del presidente Donald Trump tirando toallas de papel a la multitud después de la tormenta", constata una nota de prensa del Comité.

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El proyecto de resolución, que debe ser tratado por la Asamblea General, llama al Gobierno de EEUU a "facilitar al pueblo de Puerto Rico su derecho a la independencia y la autodeterminación y a tomar decisiones de manera soberana para sobrellevar los obstáculos". El pequeñísimo margen de maniobra del que disponen las instituciones locales se ve severamente restringido por la ley PROMESA.

Por otra parte, el pasivo de la isla "tiene visos de inconstitucionalidad", pues la Carta Magna del territorio establece que "el Estado no se puede endeudar por una cantidad mayor a lo que recauda y si lo hace está incurriendo en una deuda ilegal", dijo el experto.

Villanueva subrayó la "importancia política" del proyecto de resolución impulsado por Cuba —con el patrocinio de Rusia, Siria, Bolivia y Venezuela; respaldada por Ecuador, Antigua y Barbuda y Nicaragua— porque "EEUU ha dicho tradicionalmente que el asunto de Puerto Rico es doméstico y que la comunidad internacional no tiene nada que ver".

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En ese sentido, citó que Washington "interviene" en los asuntos internos de México, Panamá, Colombia, Nicaragua y Venezuela, "queriendo dar lecciones de democracia a cada uno de esos países".

"Las resoluciones [como la que plantea el Comité de Descolonización] sirve para recordarle a EEUU que tiene que arreglar su propia casa y resolver el problema colonial de Puerto Rico. La principal violación de derechos humanos que existe en el mundo es la violación al derecho a la autodeterminación e independencia. Cuando resuelvan ese problema, tendrán autoridad moral para señalarlos", opinó Villanueva.

Aunque el huracán María causó estragos en Puerto Rico, ha tenido un lado positivo: la reconstrucción y la ausencia del Gobierno federal han logrado "empoderar a las comunidades mediante la concientización política".

En ese sentido, no llama la atención que tantos grupos se hayan manifestado en el Comité de Descolonización, a la luz de la falta de transparencia en el número de muertes declaradas —en un inicio estimadas en 67, pero que podrían ascender a más de 1.000 según las estimaciones más conservadoras— y de sectores sin electricidad ni agua; y viviendas en estado calamitoso.

"Hay gente que le teme a eso, porque a medida que las comunidades se organizan y se convenzan que ellas pueden gestionar su propio medios para conseguir agua, luz y comida y generar empleo, en esa misma medida van a ser más independientes del Gobierno", concluyó.