"Las autoridades siguen sin aclarar lo ocurrido, por lo que aún está lejos de alcanzarse la verdad y justicia que tanto las víctimas como la sociedad demandan", dijo la oficina permanente en México de la ONU-DH, que encabeza Jan Jarab, en el marco del segundo aniversario de la tragedia, ocurrida el 19 junio de 2016.
En el confuso enfrentamiento, en el que participaron helicópteros de las fuerzas policiales de Oaxaca, murieron ocho personas y 108 resultaron heridas, 53 de ellas civiles y 55 policías, según reportes oficiales del Gobierno del estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de Seguridad, mientras que la opositora Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reportó diez fallecidos y decenas de detenidos.
Las exigencias de la ONU
En una declaración escrita enviada a corresponsales de la prensa extranjera, Jarab dijo que "la sanción de los responsables es indispensable para que el caso no quede en la impunidad".
El responsable de la oficina permanente establecida en el año 2002 en México, quien sostiene una tensa relación con el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para prolongar el mandato de la misión del Alto Comisionado, señala que la resolución pronta del caso "requiere asimismo la adopción de medidas efectivas para garantizar la no repetición de lo ocurrido".
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La ONU-DH estima que "es preocupante que desde que ocurrieron los hechos, en diversas declaraciones públicas el Estado ha culpado a pobladores y manifestantes y rechazado la responsabilidad de las autoridades en los dolorosos eventos de hace dos años".
Por ejemplo, una recomendación de la Comisión Nacional de DDHH (CNDH, ombudsman federal) sobre el caso, presentada en octubre 2017, denunció que las autoridades ejercieron un "uso excesivo de la fuerza", y calificó algunos de los hechos como graves violaciones a los derechos humanos.
Por lo tanto, la ONU-DH alentó al Estado mexicano a "cumplir plenamente esa recomendación", emitida por la CNDH.
Los expertos de la organización internacional reconocen que las diligencias llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR, federal) desde diciembre de 2017 "están, finalmente, incorporando la voz de los pobladores agredidos".
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Durante los meses anteriores, las autoridades federales solo habían recabado los testimonios de los funcionarios públicos que participaron en los hechos y excluyendo los testimonios de los manifestantes y pobladores de Nochixtlán.
La exigencia a las autoridades, que al principio negaron el uso de armas de fuego y solo lo reconocieron al pasar de los días, es que realicen "una investigación exhaustiva e imparcial apegada a los estándares internacionales de derechos humanos y culturalmente adecuada", en alusión a que las víctimas son de originarias de comunidades indígenas, quienes rechazan la reforma que consideran que está en contra de sus tradiciones.
Las víctimas y sus representantes también han sido blanco de "campañas de desprestigio, actos de intimidación y hasta agresiones físicas", dice la exigencia.
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Según la ONU-DH, en el país latinoamericano hace falta un marco nacional "que regule el uso de la fuerza a todos los niveles ajustado a los más altos estándares internacionales de derechos humanos".
Jarab expresó finalmente su disposición para seguir contribuyendo al avance de este caso y en la adopción de las "medidas idóneas" que eviten su repetición.
