"Yo soy partidaria, porque en toda mi vida profesional en la jurisdicción penal he entendido que las personas privadas de libertad deben estar lo más cerca posible de su familia y su entorno", dijo la ministra de Defensa, que es jueza de profesión.
"En ese momento en que entendamos o el juez instructor diga que ha terminado o que ya no necesita ningún tipo de comparecencia, el Gobierno valorará todas las circunstancias", añadió.
Actualmente, el Tribunal Supremo de España instruye una causa contra 25 dirigentes catalanes por la presunta comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación o desobediencia durante el proceso separatista que llevó a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia.
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De las 25 personas procesadas, siete huyeron fuera de España para evitar un posible encarcelamiento, mientras que nueve se encuentran detenidos en Madrid de manera preventiva al percibir el juez riesgo de fuga y reiteración delictiva.
El instructor de la causa, Pablo Llarena, denegó múltiples peticiones de los presos para ser trasladados a Cataluña durante los últimos meses.
En diferentes ocasiones, el actual presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, afirmó que su relación con el Gobierno de España dependerá del trato dispensado a los políticos presos.
