"Se trata de una conquista del movimiento feminista y de mujeres, lesbianas, travestis y trans, un beneficio para toda la sociedad, el reconocimiento de un derecho humano fundamental como es el acceso a la salud", dijo la activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Laura Salomé Canteros.
El 13 de junio la Cámara de Diputados votará un proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Pasado ese plazo la mujer podrá practicarse un aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo su vida o su salud o ante malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina, dice el proyecto.
La iniciativa consiguió un dictamen en mayoría en el pleno de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia de la cámara baja, con 64 votos a favor y 57 en contra.
Marea verde
Desde que el proyecto comenzó a debatirse en la actual legislatura a inicios de marzo, una movilización sin precedentes de mujeres de todos los ámbitos se dio dentro y fuera del Congreso, en las redes sociales, los medios de comunicación y en muchas ciudades del interior del país.
"Que las mujeres argentinas hayamos salido masivamente a las calles significa que fuimos claras en transmitir nuestro mensaje: somos protagonistas y estamos organizadas y no solo nos indignamos, exigimos, demandamos, reclamamos, sino que tenemos propuestas de cambio que mejorarían nuestra forma de vida, y estamos dispuestas a hacer lo que sea para que nos escuchen", dijo Canteros.
Desde 1983 hasta este año murieron en Argentina 3.030 mujeres por abortos inseguros.
Entre 2010 y 2015 alrededor del 20% de las muertes maternas estuvieron relacionadas con abortos inseguros, dice Amnistía.
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"Esta ley modificará la forma en que nos reconocemos, nos miramos, nos tocamos; el aborto como derecho es devolvernos a las mujeres la dignidad y el estatus de personas, es ampliar ciudadanía y estar a la altura de los mejores estándares del derecho, una disciplina que debe acompañar la construcción de consensos y los cambios sociales", expresó la activista.
Argumentos
Para Canteros, los contrarios a la ley, conocidos como "antiderechos", se ubicaron en favor del statu quo legal de más de 100 años.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, dijo a esta agencia que "no existe consenso en ningún campo ni disciplina sobre el momento considerado como comienzo de la vida, por ende, el derecho tampoco está en condiciones de definir cuándo comienza la vida humana".
Además, Amnistía afirma que ningún organismo internacional de derechos humanos ha reconocido al embrión como objeto de protección en virtud del derecho a la vida o de otras disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos.
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Por otra parte, "la despenalización no aumenta la cantidad de abortos, sí brinda seguridad a quien decide hacerlo, evitando situaciones que causan la muerte de miles de mujeres; la experiencia comparada ilustra que la despenalización no pronostica un aumento en los abortos", explicó Belski.
Los polémicos
La campaña por la legalización del aborto presentó en marzo, por séptima vez consecutiva, su proyecto de ley, y a partir de entonces el Congreso habilitó debates y reuniones informativas durante dos meses en un plenario de las cuatro comisiones mencionadas.
Finalmente el texto que considerará la cámara baja el 13 de junio contiene un puñado de modificaciones principales.
"Son varios los puntos en los que se modificó nuestro proyecto para llegar al dictamen de consenso, pero en el que más se aleja es en la garantía del derecho para las niñas y adolescentes de entre 13 y 16 años", pues mantiene una provisión del Código Civil según el cual se requiere autorización de padres, madres o tutores para practicar "tratamientos invasivos", explicó Canteros.
Más del 25% de las mujeres que mueren a causa de abortos no seguros son menores de 25 años.
Además, según Amnistía Internacional, cada día 298 adolescentes de 15 a 19 años son madres, 240 por primera vez, 50 por segunda vez y 10 por tercera vez.
Siete de cada 10 de estos embarazos son no planificados.
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Amnistía destacó que "hace menos de una semana, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas instó al Estado argentino a que asegure "el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones".
Otra modificación del proyecto incluye el derecho a la objeción de conciencia para los médicos que deban prestar servicios de aborto.
Esto "implica que los profesionales de la salud tienen la posibilidad de negarse a proporcionar ciertos servicios por considerarlos contrarios a sus convicciones personales; no obstante, dado que dicha negativa puede potencialmente implicar la restricción o anulación del goce de derechos humanos de las mujeres, el ejercicio del derecho a esta objeción de conciencia está sujeto a ciertos límites", agregó Belski.
Canteros comentó que "en la redacción del dictamen de consenso queda expresamente prohibida la objeción de conciencia institucional".
Triple consigna
La votación en la cámara baja no está asegurada para la iniciativa y la tensión marcó las horas previas con incesantes informaciones sobre un puñado de legisladores indecisos que tendrán en sus manos la suerte del proyecto.
Para el amplio movimiento civil que movilizó esta campaña, la lucha seguirá detrás de una triple consigna: "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", sentenció la feminista y periodista
En el caso de que la ley se apruebe pasará al Senado donde deberá transitar el mismo camino parlamentario: debate en comisiones y en el recinto.
Si es aprobada por las dos cámaras solo restará que el presidente Mauricio Macri la promulgue.
El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad reproductiva viven en países donde el acceso a aborto seguro está severamente restringido por ley; la necesidad insatisfecha de servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en situación de pobreza y marginalización, según datos de Amnistía Internacional.
Además, América Latina y el Caribe tienen el porcentaje estimado más alto de aborto inseguro en el mundo y a pesar de esto el aborto sigue siendo un crimen en gran parte de la región.
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El aborto está completamente prohibido en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Surinam y República Dominicana.
De momento, el aborto está despenalizado en Argentina si el embarazo es producto de una violación, si el feto presenta malformaciones graves o si está en riesgo la salud física, psíquica o social de la mujer.
