"El Fondo está enfocado a potenciar la competitividad, eficiencia y autonomía de la industria de defensa de la Unión y únicamente entidades establecidas en la Unión o en países asociados (…) han de tener derecho en principio a recibir ayuda", señala el texto de la normativa publicada este 13 de junio.
Parte del presupuesto, hasta 4.100 millones de euros, revertirá en la financiación directa de proyectos comunes y transfronterizos de investigación en seguridad y defensa, desde drones militares a sistemas de supervisión electrónica, entre otros.
El resto se abonará en fases más avanzadas de la investigación para ayudar en el desarrollo de prototipos y en las pruebas prácticas pertinentes.
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Esta partida del presupuesto global debería comenzar a invertirse en 2021 y se ha formulado para los socios de la EU27, es decir, los actuales miembros menos Reino Unido.
Solos en casos excepcionales podrán optar a las ayudas entidades sin sede en la UE o en su red de países asociados dentro del Area Económica Europea (EEA)
El solicitante de una beca deberá aporta garantías sobre el acceso y distribución del material potencialmente confidencial, entre otros requisitos.
"Debe prevenirse el acceso de entidades o países no asociados a información clasificada y confidencial relacionada con la acción", señala el reglamento.
La primera ministra británica, Theresa May, aspira a establecer una relación cercana de cooperación con el bloque de Bruselas a partir de la salida oficial en marzo de 2019.
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Pero si las líneas rojas que ha marcado en las negociaciones aguantan hasta el pacto final, Reino Unido se convertirá en un "país tercero" bloqueado de la financiación que la UE destinará a proyectos de investigación y desarrollo en defensa.