"Nuestra propuesta es la bilateralidad, como hicimos en otros momentos", afirma.
Artadi insiste en que el nombramiento de determinados ministros del nuevo Gobierno de España genera "inquietud" en Barcelona, aunque asegura que prefiere "dar un espacio de tiempo para ver qué acciones toma el Gobierno antes de prejuzgar qué harán".
"Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa cuando sea, hemos pedido diálogo, reunión, ahora les toca a ellos decidir el día", afirma al añadir que para el Gobierno catalán se trata de una "prioridad".
El Gobierno catalán quiere saber "qué piensa Pedro Sánchez de la represión que hay en Cataluña y de la regresión democrática, qué piensa de tener un Gobierno español que torpedea sistemáticamente al Parlamento de Cataluña (…) qué oferta piensa hacer Sánchez a los catalanes".
Sánchez ha de explicar, continúa, "qué piensa sobre los acuerdos internacionales que tiene firmados el Reino de España que reconocen la autodeterminación de los pueblos, qué piensa sobre la democracia, sobre la voluntad de millones de catalanes que no quieren seguir siendo españoles."
"Vamos con la voluntad de escuchar qué tiene que decir", reitera al precisar que el Gobierno catalán tiene "muy claro qué es lo que quiere (…) queremos que el pueblo se exprese para decidir cómo ha de ser el futuro".
"Son ellos quienes han de decidir dónde están: si están con una visión de regresión democrática y represión de la ciudadanía, y por tanto de regresión histórica, o deciden ser un gobierno progresista, abierto y europeísta", añade.
Artadi también avanza que el Gobierno no negociará el acercamiento de los políticos catalanes presos porque significaría "aceptar que la prisión preventiva" que se les impuso como medida cautelar por riesgo de fuga mientras se los investiga por supuestos delitos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre "tiene sentido, y no lo tiene".
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Puigdemont se encuentra actualmente en Berlín a la espera de que la Justicia alemana decida su posible entrega a las autoridades españolas, que reclaman su extradición por supuestos delitos de sedición y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
Según los planes de los independentistas catalanes, el Consejo de la República, presidido por Puigdemont, funcionaría como órgano ejecutivo desde el extranjero y tendría también como objetivo la internacionalización de la causa catalana, mientras que el actual presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, ocuparía el papel equivalente al de un primer ministro en el Ejecutivo en Barcelona.