En el recurso la defensa alega que al estar privado de libertad Lula "corre el riesgo de tener sus derechos políticos cercenados, lo que, en vista del proceso electoral en curso, se muestra gravísimo e irreversible".
Lula encabeza todas las encuestas de opinión de cara a las elecciones que Brasil celebrará en octubre, aunque es poco probable que pueda presentarse, dado que la Justicia Electoral impide candidaturas de condenados en segunda instancia.
En el recurso los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Martins alegan que hubo "afrontas a las garantías constitucionales de amplia defensa", dado que los jueces que le condenaron se negaron a que la defensa pudiese producir y utilizar pruebas de su inocencia.
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Además, aseguran que los fiscales de la Operación Lava Jato escogieron adrede dirigir el caso hacia la Justicia Federal de Curitiba (sur), que está a cargo del juez Sérgio Moro, que le condenó en primera instancia, y al que Lula y su entorno acusan de no ser imparcial.
"Para ello bastó la afirmación (sin ninguna comprobación real) de que los recursos provenientes de Petrobras se habrían dirigido al expresidente", critican.
El primero fue un "habeas corpus" preventivo (petición para evaluar la legalidad de un arresto) que sus abogados presentaron antes de su detención (que se produjo el 7 de abril).
Este recurso fue derrotado por seis votos de los magistrados frente a cinco, mientras que el segundo recurso (que la defensa presentó con Lula ya en prisión) fue rechazado por unanimidad el pasado mes de mayo.
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Estos nuevos recursos fueron presentados el mismo día en que Lula fue interrogado en el marco de una investigación sobre la supuesta compra de votos orquestada por el antiguo gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, en el Comité Olímpico Internacional (COI) para que Río de Janeiro fuera la sede de los Juegos de 2016.