Romeva realizó su denuncia por carta, ya que cumple desde hace cien días prisión provisional en la cárcel de Estremera, investigado por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017.
Según Romeva, "en un estado de derecho no es suficiente el imperio de la ley, ni tan solo un sistema de organización política de poderes separados y sometidos a un control recíproco efectivo".
"Hace falta, por encima de todo, que estos elementos se orienten a defender los derechos civiles, políticos y sociales de sus ciudadanos, y que en caso necesario puedan recurrir a un juez independiente para hacer valer estos derechos, ante los abusos o excesos del poder", agrega.
Para el político encarcelado, hoy, en España, "esta concepción del Estado de derecho no resiste ningún análisis objetivo, solo lo resiste la retórica" y señala cómo "en Alemania, Escocia, Suiza o Bélgica, los diferentes acontecimientos judiciales evidencian cada día esta verdad".
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La política, continúa, "siempre es previa al derecho, utilizarlo como una coartada para no enfrentar los problemas políticos a la larga solo hace imposible la convivencia" y aunque "hoy sucede esto en España", la responsabilidad de "enfrentarse a estas vulneraciones recae sobre todos los demócratas".
"Espero que mi cárcel, le sirva a todos ellos para comprender que no pueden aceptar estos excesos y los peligros que conllevan", concluye Romeva.
Romeva escribe en su carta que "los casos que se exponen en esta jornada deben ser en un instrumento, para evidenciar a todo demócrata que no se puede aceptar la manipulación del derecho penal para reprimir ideologías; que no se puede responder a posicionamientos y expresiones políticas con coerción judicial y con la vulneración de derechos y libertades; y que esconder la política y optar por la represión no solucionará nunca absolutamente nada".
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El objetivo del acto fue comunicar en el ámbito internacional la situación de vulneración de derechos políticos que, a juicio de los denunciantes, se vive en España.