La resistencia al acuerdo de paz firmado por el actual Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC, convertida luego en partido político] se puso de manifiesto en el plebiscito de octubre de 2016 con el 50% de los votos por el "No", y 49,7% por el "Sí".
Duque, que encabeza los sondeos, sostiene que los excombatientes recibieron múltiples concesiones y reclama modificar los acuerdos para conseguir, por ejemplo, que los exlíderes guerrilleros cumplan penas de prisión por delitos de lesa humanidad antes de aspirar a escaños del Congreso.
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El acuerdo prevé un sistema de justicia transicional que asegura a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición, a la vez que otorga beneficios penales a los actores del conflicto armado (guerrilleros y soldados) que hayan incurrido en crímenes, siempre y cuando se presenten voluntariamente a declarar y entreguen toda la información que esté en su poder.
"Los acuerdos de paz (…) quedaron mal diseñados y eso ahora es lo que está generando la incertidumbre política que está viviendo Colombia frente a la implementación de los mismos", dijo Duque.
Entre los puntos acordados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC se encuentra un amplio programa de desarrollo rural para las comunidades campesinas más pobres, que incluye la sustitución voluntaria de cultivos ilegales, acompañada de proyectos agrícolas que permitan la subsistencia de esas poblaciones.
Daños al acuerdo
Duque y Uribe se "están tirando (arruinando) los acuerdos", sostuvo el candidato presidencial Humberto de la Calle, del Partido Liberal (centroderecha), jefe de la delegación del Gobierno que negoció con la FARC.
El izquierdista Gustavo Petro (del Movimiento Colombia Humana) y segundo en intención de voto detrás de Duque, impulsa el respeto y aplicación del acuerdo de paz.
"Para que la sociedad conviva en paz y no se generen nuevas guerras hay que hacer reformas sociales" en la educación pública, la salud, el campo y el uso de energías renovables, sostuvo.
En apariencia, solo Duque busca desmontar el acuerdo de paz, ya que candidatos menores, como el oficialista Germán Vargas Lleras y el centroizquierdista Sergio Fajardo respaldan su implementación.
Por ejemplo, la exigencia que las víctimas del conflicto tengan 16 escaños en el Congreso, la reforma rural integral y la implementación de un catastro multipropósito.
Un informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia ante el Parlamento Europeo (publicado en febrero último), asegura que solo 18,5% de los puntos que contiene el acuerdo de paz se han cumplido.
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"El Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz", precisa el informe.
Una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado.
Pero ese "blindaje" se puede desmontar por la misma vía, más aún luego de que en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo los partidarios de Uribe lograron mayoría en el Congreso.
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Desde fines de 2017, la FARC denuncia el peligro de que colapse el acuerdo, debido a que la Corte Constitucional avaló modificaciones profundas a la Justicia Especial para la Paz y el Congreso cerró la posibilidad de que las víctimas tuvieran representación.
Pero este asunto no encabeza la preocupación de los votantes, según una encuesta de Invamer Gallup, a pesar de que Colombia vive en guerra interna desde 1964.
El tema que más preocupa es el combate a la corrupción, seguido de la salud, el desempleo, la educación, la inseguridad y la pobreza, mientras que la implementación del acuerdo de paz ocupa la séptima posición, según el sondeo.
