El decreto ejecutivo firmado por el presidente Trump, a raíz de las elecciones venezolanas del 21 que para Washington fueron "fraudulentas", impedirá la capacidad del Estado de Venezuela de vender activos y puede limitar la liquidación de deudas por cobrar vinculadas al negocio petrolero, según la fuente.
"La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía para la corrupción que hemos observado; impide a los funcionarios venezolanos corruptos que valúen a bajo costo y liquiden bienes públicos a cambio de sobornos o comisiones ilegales", dijo el funcionario a periodistas.
El Grupo de Lima, conformado por 14 países de América Latina, América del Norte y el Caribe preocupados por el actual rumbo de la política venezolana, anunció más temprano este 21 de mayo que desconocía la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro en los comicios celebrados el 20 de mayo.
El alto cargo estadounidense advirtió que siguen sobre la mesa y están en estudio todos los instrumentos que EEUU podrí aplicar contra Maduro para resolver la crisis de su país.
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El Gobierno de EEUU habló con autoridades de China y de Rusia para advertirles que la Asamblea Nacional venezolana (parlamento unicameral, de mayoría opositora) es la única entidad facultada para autorizar la emisión de nueva deuda en Venezuela, dijo un alto cargo estadounidense.
"Mantuvimos conversaciones muy específicas con la República Popular de China sobre no malgastar el dinero, y les advertimos que EEUU, el Grupo de Lima y otros hemos dejado muy en claro que, según la Constitución venezolana, la única institución legalmente autorizada a permitir o a contemplar la emisión de nueva deuda es la Asamblea Nacional", dijo el funcionario.
La fuente agregó: "Tuvimos una conversación similar con Rusia".

Este 21 de mayo más temprano, el secretario de Estado Mike Pompeo realizó un pronunciamiento condenatorio de las elecciones venezolanas del 20 de mayo y prometió medidas económicas y diplomáticas contra Caracas.
Por su parte el Departamento del Tesoro de EEUU de Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos toda transacción relacionada con deuda del Gobierno de Venezuela, indica una resolución del ente.
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Washington también prohibió la venta, transferencia, cesión o concesión como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación patrimonial en cualquier entidad en la que Caracas posea 50% o más de la propiedad.