"A tres meses de que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, el PNIS enfrenta importantes rezagos que comprometen la sostenibilidad del proceso de sustitución", señaló la Fundación en un informe.
El plan de sustitución de cultivos ilícitos a cargo de los campesinos hace parte de un programa impulsado por el Gobierno que también prevé erradicar este año de manera forzada otras 65.000 hectáreas de coca, como parte de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) disuelta el año pasado y convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Aunque la Fundación destacó que el programa de sustitución de cultivos ha permitido que el Estado llegue a regiones a las cuales antes no tenía acceso, observó que "la voluntad de los campesinos que quieren abandonar esta actividad contrasta con la incertidumbre sobre si el Estado cumplirá con lo acordado".
"Las disidencias (pequeños grupos que no se desmovilizaron) de las FARC, frentes del ELN (Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en Colombia), así como facciones criminales de distinto tipo, ponen en riesgo la continuidad del programa, con hostigamientos y hechos de violencia en contra de las comunidades", consideró la Fundación, que advirtió que este panorama "sigue siendo el talón de Aquiles de la sustitución".
Por último, resaltó que aunque la aplicación de los acuerdos abrió una ventana de oportunidad para los campesinos, el plan de sustitución puede verse truncado por la ausencia de una intervención integral del Estado en el terreno.
