Se trata del proyecto de ley denominado 'Sobre las medidas para contrarrestar las actividades hostiles de EEUU y (u) otros Estados extranjeros'. El documento ha sido respaldado por los cuatro partidos con presencia en el Parlamento ruso, aunque no todos los diputados manifestaron su apoyo.
La Cámara Civil —ente consultivo de la sociedad civil rusa dedicada a supervisar las actividades del Parlamento y del Gobierno— presentó una lista de recomendaciones para cambiar algunos puntos del polémico proyecto de ley. Incluso la Dirección Legal de la Presidencia de Rusia tuvo que intervenir y brindar a los legisladores asistencia para la futura redacción del documento, informa el medio Kommersant, citando fuentes internas dentro del Kremlin.
La preocupación de la sociedad civil rusa y los asesores legales del Kremlin se concentra en especial en dos puntos del documento.
El artículo 5 del proyecto de ley establece que las compañías rusas deberán cesar o suspender temporalmente la cooperación con las empresas estadounidenses en el campo de la construcción de aeronaves. En particular, esto supondría el cese a los suministros de titanio del gigante aeronáutico Boeing, lo que podría frenar parcialmente su producción de aviones. No obstante, esto implica también un gran riesgo para las compañías de transporte rusas, cuyas flotas podrían quedar sin el asesoramiento técnico de Boeing.
Pero la mayor preocupación tanto de la Cámara Civil como del Kremlin lo provocó el artículo 2 del proyecto de ley. Este incluye una reducción sustancial del comercio con EEUU y los países que se unieron a sus sanciones en el sector sanitario y farmacéutico. La medida intenta repetir la estrategia aplicada en los sectores agrícola e industrial: sacar del mercado ruso a los gigantes internacionales, si los análogos de sus productos farmacéuticos se producen dentro del país.
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Esta última medida no obtuvo el visto bueno del Comité de Salud Pública de la Duma —Cámara Baja del Parlamento—. Las organizaciones benéficas que trabajan con enfermos crónicos apuntan que incluso si en Rusia se producen los análogos de los medicamentos extranjeros, estos pueden diferir en sus efectos secundarios. Y si bien en la gran mayoría de los casos los pacientes no notarían la diferencia, en casos puntuales esos efectos podrían ser cuestión de vida o muerte.
"Para algunos pacientes, estas diferencias pueden tener consecuencias fatales. Por lo tanto, en el mercado farmacéutico del país deben tener presencia diferentes versiones de la misma medicina. (…) Se permiten diferencias en la composición de las sustancias concomitantes, aunque la molécula activa debe ser absolutamente la misma que la original", explicó a Expert la directora del Instituto de Economía de la Salud, Larisa Popóvich.
Es por eso que tanto los especialistas en salud como los asesores legales del Kremlin exhortan a los legisladores a suavizar la cláusula que restringe la entrada de fármacos provenientes del extranjero. Los pacientes deberían tener la posibilidad de elegir el fármaco que sea más efectivo desde el punto de vista de la acción clínica en un organismo en particular y solo los médicos pueden establecer qué análogo puede ser sustituido o no.
Y tal parece que los legisladores escucharon las sugerencias. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, ya anunció que una nueva redacción del proyecto de ley, con los cambios sugeridos, será discutida el próximo 17 de mayo.
