"En los 15 días de duración del paro armado impuesto por el EPL en la subregión del Catatumbo desde el 15 de abril, más de 154.000 personas pertenecientes a 11 municipios del Catatumbo (San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen, Tibú, Sardinata, Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén) tuvieron afectaciones humanitarias", indica el reporte, presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Por esa medida del EPL se evidenciaron limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a servicios y bienes básicos (salud, alimentos y medios de vida) en más de 120.000 personas, así como alto riesgo de confinamiento para cerca de 4.000 indígenas Barí, añade el informe.
Con el paro armado, el EPL restringió de manera violenta el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio en esa región colombiana y argumentó que lo hizo para evitar la afectación de la comunidad por los combates que mantiene con el ELN.
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De acuerdo con OCHA, la persistencia de los enfrentamientos entre ambos grupos, así como otras acciones armadas registradas desde el pasado 14 de marzo han ocasionado el desplazamiento masivo de aproximadamente 8.820 personas (2.283 familias) en la región.

El reporte también evidencia que a raíz de las restricciones a la movilidad y el cierre de establecimientos comerciales, "el sector agrícola de la región tuvo pérdidas superiores a las 4.432 toneladas de comida y más de 302.200 animales por la falta de sustento", lo cual afectó "gravemente la seguridad alimentaria y medios de vida de los habitantes de la región".
Además, el reporte indica que se registraron infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violación de los Derechos Humanos.
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Añade que pese al levantamiento del paro armado, aún no hay garantías de seguridad para el retorno de las comunidades desplazadas, razón por la cual la mayoría permanecen en albergues.