"Este proceso de paz será exitoso, no solo si nosotros como Gobierno, como Estado, cumplimos los compromisos, sino también lo será si las FARC cumplen con todas sus obligaciones; tienen que decir toda la verdad, y esa verdad que se pactó en el acuerdo incluye también el narcotráfico", señaló Rivera, según su despacho.
El funcionario se refirió al tema durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes (diputados), en donde se evaluaron los avances de la implementación del proceso de paz con la FARC partido nacido de la disolución de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
"He escuchado mucho esta interpretación, de parte de las FARC, diciendo que ellos ya cumplieron y que el Gobierno no ha cumplido; ellos deben decirnos toda la verdad, decirlo ante la JEP con consecuencias judiciales; restaurativas, sí; transicionales, sí, pero judiciales", reiteró.
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Más temprano el 2 de mayo, a través de un comunicado, la FARC indicó que pese a que ha cumplido los acuerdos, de parte del Gobierno y del Estado no ha recibido "las mejores señales de cumplimiento", y agregó que, de hecho, el acuerdo de paz firmado fue "alterado en su esencia a su paso por el Congreso y la Corte Constitucional".
Las recientes tensiones entre el Gobierno y la FARC se dan a raíz de la detención, el pasado 9 de abril en Bogotá, del integrante de ese partido, Jesús Santrich, quien es señalado de narcotráfico.
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Santrich, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucis Hernández Solarte y quien participó en el acuerdo de paz en La Habana, fue detenido por agentes de la Fiscalía de Colombia a raíz de una orden de captura internacional expedida a través de una circular roja de Interpol (Policía Internacional) con miras a la extradición que solicitará el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El pasado domingo el diario The Wall Street Journal publicó que las autoridades investigan también la vinculación del exjefe negociador de paz de FARC y líder de ese partido Iván Márquez con uno de los carteles de drogas mexicano, ante lo cual el partido sostiene que se trata de un montaje entre la Fiscalía de Colombia y EEUU para extraditar a los exguerrilleros.
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