El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las guerrillas FARC estableció, entre otras cosas, que los exmiembros de las guerrillas FARC tendrían cinco cargos en cada cámara del Legislativo. Sin embargo Márquez, negociador del tratado con el Gobierno, tomó la decisión de no ocupar la suya para protestar contra la detención de Jesús Santrich, el exguerrillero arrestado el 9 de abril a raíz de una orden de captura internacional para ser extraditado a Estados Unidos.
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"Lo ocurrido con Santrich es un montaje de la DEA [Administración para el Control de Drogas o Drug Enforcement Administration, en inglés. Es la agencia del Departamento de Justicia de EEUU dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas así como el lavado de activos en el país] que inventó una ruta para exportar cocaína y agentes del cártel de Sinaloa e intentaron que Santrich mordiera el anzuelo. Dicen tener pruebas pero hasta ahora no las han mostrado. Es un crimen inducido que no fue cometido. Se trata de una operación encubierta para implicar a un dirigente de las FARC en una maniobra del narcotráfico. Es un asunto muy oscuro y hay mucha confusión", dijo a Sputnik Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
"Tanto Timochenko [Rodrigo Londoño, el último comandante en jefe de la estructura militar de las FARC] como Iván Márquez han dicho que los acuerdos se mantienen. Sin embargo la situación es muy frágil. Cada vez pierde más credibilidad el proceso. Si tensionan mucho la cuerda va a producirse una desbandada de la FARC y los medios se irán a la insurgencia. Se sienten manipulados por las intervenciones de la DEA y de la derecha", agregó el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Por su parte el Gobierno de Juan Manuel Santos rechaza que la implementación del tratado esté en crisis. Bogotá afirma que existen garantías para la reincorporación de los excombatientes de la guerrilla.