Se trata de una medida pionera que pondrá fin a la existencia de pisos turísticos en toda la ciudad y que llega luego que el gobierno de la capital balear encargase varios estudios y análisis que revelaron que la oferta turística aumentó en el período 2015-2017 en un 50%, o unas 20.000 plazas, aunque únicamente 645 de las viviendas existentes cuentan con licencia turística para operar legalmente.
El alcalde de Palma, Antoni Noguera, defendió la medida al asegurar que con ella se busca "proteger al residente", crecientemente desplazado por los pisos turísticos debido a su rentabilidad.
La llamada 'saturación turística' en los centros urbanos es motivo de debate entre políticos y urbanistas en ciudades como Palma o Barcelona.
La medida se aprobará en el pleno municipal del 26 de abril y entrará en vigor en julio.