"Existen esos tribunales supremos que ninguno tiene, a mi juicio, legitimidad", señaló el experto, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 en la que se elaboró la carta magna impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.
Gutiérrez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, expresó sus dudas de que algún venezolano "pueda sentirse seguro de quien va a examinar su causa y se vaya a hacer justicia" ante la incertidumbre existente, y advirtió que "eso es muy delicado para una República".
Incumplimiento del protocolo
El constitucionalista objetó la forma en que fue conformado el TSJ oficial, en 2015, pocos días después de que se conociera el resultado de las elecciones legislativas de ese año, en las que la oposición obtuvo una mayoría parlamentaria.
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El oficialismo se declaró entonces en sesión permanente en la Asamblea Nacional para concluir algunas tareas pendientes, entre ellas la designación de los 34 magistrados del máximo tribunal.
"El modo como fue nombrado este TSJ, en diciembre 2015, entre campanas de Navidad y finales de Año Nuevo, no cumplió el protocolo que a los efectos del nombramiento establece la Constitución: allí no hubo un comité de postulación imparcial, no hubo un examen de credenciales, como tendría que haberlo", señaló Gutiérrez.
No obstante, los magistrados del Supremo siguieron ejerciendo sus funciones y, a mediados de 2016, consideraron en "desacato" a la Asamblea Nacional, ahora dominada por la oposición, declarando "nulas e írritas" todas sus decisiones.
Tribunal "en el exilio" y "sesgado"
Gutiérrez también objetó la formación de un "Tribunal Supremo en el exilio", designado por la oposición venezolana, y que sesiona en Bogotá.
"Hay un nombramiento que hizo parcialmente la Asamblea Nacional de otro tribunal el cual se califica de legítimo… Yo creo que también allí hay serias inconsistencias; ese no fue un tribunal que se nombró de acuerdo a los procedimientos que están preestablecidos en la Constitución con un comité de postulaciones equilibrado, responsable", indicó.
El mismo día del nombramiento del tribunal paralelo, sus 33 magistrados fueron acusados por la Sala Constitucional oficial de "traición a la patria", y se les expidió orden de detención, por lo que 30 de ellos huyeron de Venezuela y los otros tres fueron detenidos.
Una vez fuera de Venezuela, estos abogados establecieron un tribunal paralelo que, aunque ha recibido apoyo de Panamá, Colombia y Chile, sus acciones no tienen validez.
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El Gobierno de Nicolás Maduro señala que ese grupo funciona al margen de la ley venezolana.
Antejuicio a Maduro
Desde un auditorio en el Congreso legislativo de Colombia, el tribunal paralelo aceptó el 22 de febrero una solicitud de "antejuicio de mérito" (evaluación para determinar si existen pruebas suficientes que ameriten un proceso contra un alto funcionario) contra el presidente Maduro, por supuestos delitos de corrupción y legitimación de capitales.
Ortega Díaz acusa a Maduro de estar vinculado con el pago de sobornos que habría realizado la empresa brasileña Odebrecht a varios políticos venezolanos, con la finalidad de obtener contratos en importantes obras.
Los magistrados "en el exilio" llamaron a Maduro a comparecer el 3 de este mes en una audiencia de antejuicio de mérito, e incluso emitieron una orden de captura internacional en su contra, que aún no ha recibido respuesta de Interpol.
El 17 de abril, la Asamblea Nacional de mayoría opositora debatió el antejuicio avalado por el tribunal paralelo, y recibió el respaldo de 105 diputados opositores y el voto contrario de dos oficialistas.
Hasta el momento, Maduro no se ha pronunciado respecto a la decisión del parlamento, pero en anteriores oportunidades ha desestimado las acciones del tribunal paralelo que sesiona en Colombia.
