"La hipótesis cada vez más sólida es que, desde Chicago (noreste de EEUU), capos del cartel de Guerreros Unidos dirigieron el violento operativo en Iguala (220 kilómetros al sur de la Ciudad de México), contra los cinco autobuses que habían sido tomados por los estudiantes", dijo a esta agencia el autor del libro "Échale la culpa a la heroína".
El investigador siguió ese rastro por recomendación de uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta información fue revelada el 12 de abril por el diario mexicano Reforma, que publicó conversaciones a través de teléfonos inteligentes entre jefes de Guerreros Unidos con los sicarios que atacaron a los estudiantes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente.
Dichas conversaciones interceptadas por agencias estadounidenses con autorización de un juez, "forman parte de un expediente judicial con el que se procesa a ocho operadores de Guerreros Unidos en Chicago", dice el reportaje que confirma la hipótesis planteada por Reveles en las últimas tres páginas de su libro, incluso antes del informe final del GIEI.
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Reveles obtuvo ese dato crucial en una "conversación en confianza" con una fuente del GIEI que le proporcionó dos nombres de narcotraficantes mexicanos.
El autor tiró de esa punta de la trama, que lo llevó a descubrir un evento ocurrido un año antes de la masacre de Iguala, en la lejana Chicago.
La punta de la madeja
Se trata de un operativo antidrogas desarrollado el 21 de agosto de 2013 en los suburbios de Chicago.
Aquel día, el mexicano Arturo Martínez Apaxtla transportaba en su auto 12 kilos de heroína, nueve de cocaína, 200.000 dólares, armas y teléfonos celulares y resultó arrestado.
El arrestado se convirtió en informante de la DEA y terminó confesando todo y ofreciendo detalles de la estructura de las operaciones de los Guerreros Unidos en Chicago y sus alrededores.
Como resultado, fueron detenidos ocho mexicanos que formaban la célula principal de Guerreros Unidos en esa ciudad.
Reveles encontró en el expediente que tres de los celulares confiscados tenían el prefijo 733: es la clave telefónica de la ciudad de Iguala, entrada a la región montañosa de Guerrero, en el sudeste de México, que desde los años 2016 fue saturada de sembradíos de amapola, materia prima de la heroína.
El libro terminaba con una revelación crucial, que no se incluyó en el informe final del GIEI: "Todas las comunicaciones (de los celulares) tenían qué ver con 'tías' (autobuses con droga); 'niños' (paquetes de heroína); 'cartera' (compartimentos secretos o 'clavos'); 'documentos' (dinero en efectivo); 'tickets' (miles de dólares) entre otras claves para operar el trasiego de drogas desde Iguala hasta Chicago".
Esta línea de investigación fue recomendada en el informe del GIEI bajo el título "Quinto autobús".
Pero no contiene los nombres de los ocho mexicanos detenidos en la redada, además de Martínez Apaxtla, Vega y Figueroa, que Reveles obtuvo por su cuenta, ni las conversaciones recién obtenidas por Reforma.
Se trata de Eliseo Batancourt, Wilfredo Flores Santos, Roberto Sánchez, José Rodríguez e Isaías Mandujano, todos procesados en EEUU.
La ruta Iguala-Chicago
El tráfico por carretera desde las plantaciones de amapola y los laboratorios caseros de goma de opio en Guerrero hasta Chicago se realizaba mediante autobuses de línea.
Los jóvenes de Ayotzinapa habían comenzado la "toma de autobuses" una semana antes de la tragedia; la meta era reunir hasta 25 autobuses para viajar a la Ciudad de México el 2 de octubre de 2014, a la conmemoración anual de la masacre de estudiantes universitarios de la plaza de Tlatelolco en 1968.
Primero viajaron al municipio de Huitzuco, pero no encontraron autobuses, y se marcharon hacia los alrededores de Iguala, donde un grupo ocupó un autobús de la empresa Estrella Roja.
El chófer les dijo que él podía seguir como conductor, como recomienda el protocolo de la propia empresa, para que los autobuses no resultaran dañados o perdidos.
"El autobús entró a la terminal de Iguala para dejar a sus pasajeros, y con engaños el conductor cerró con candados las puertas, y dejó atrapados a los alumnos", relata Reveles.
Así surgió la hipótesis errónea de que los alumnos trataban de boicotear una fiesta de presentación de un informe de labores de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Pero el autor la descarta: "es falso, porque llegaron cuando el evento ya había terminado", zanjó.
Aquella noche, los delincuentes se comunicaron por radios y mensajes de texto de telefonía a Chicago, exponiendo sus sospechas de que los estudiantes eran de la organización criminal Los Rojos, enemigos de los Guerreros Unidos.
"Por esa razón el ataque fue tan virulento contra los autobuses, porque pensaron que venían sicarios armados con ellos, pero no hubo ni un solo disparo desde adentro de los autobuses", puntualiza el investigador.
Instalados en EEUU, los jefes de Guerreros Unidos controlaron todos los movimientos de aquella noche.
Otro dato del libro, que en su momento fue adelantado por Sputnik, es que la pequeña empresa de transporte Monarca hacía dos viajes diarios de Iguala a Chicago.
"Los narcos pueden traficar por helicóptero, aviones, o barcos; pero hacían los envíos de droga en dos autobuses diarios, con 'clavos' como llaman a los compartimentos secretos: parece que había mucho turismo de Iguala a Chicago", ironiza Reveles.
La nueva pista obtenida por Reforma coincide con la información entregada a la CIDH por el fiscal Alfredo Higuera Bernal en una comparecencia celebrada el 2 de marzo pasado en Bogotá.
El funcionario reveló que las investigaciones han "identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes", lo que permitiría "aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron y establecer con certeza por qué los jóvenes fueron acometidos".
La siguiente pista a seguir es que "esas organizaciones operan con diversos grados de encubrimiento y complicidad de las autoridades mexicanas", puntualiza el autor.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Sputnik que "el GIEI tenía razón al recomendar al Estado mexicano agotar la línea de investigación del narcotráfico de Iguala a Chicago", detectada en 2014 en la Corte del Distrito Norte de Illinois, EEUU.
Padrón, que representa a las familias de los 43 desaparecidos ante la CIDH, puntualizó que esa información coloca otra objeción a la llamada "verdad histórica" de la justicia mexicana.
En efecto, uno de los mensajes enviados por los narcos a las 15.28 horas locales del 27 de septiembre de 2014, a sus jefes en Chicago reportaba "60 paquetes ya guardados y otros con San Pedro", es decir 60 personas vivas.
Se revela así una incongruencia de la "verdad histórica", que a esa hora los estudiantes ya habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados.