Guacho es el líder del frente Óliver Sinisterra, un grupo de unas 250 personas armadas que operan en la región fronteriza. En 2016, decidió no acogerse al proceso de paz por el que las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pactaron con el Gobierno su transición a la vida política.
En apenas 10 años, pasó de ser un comerciante del lado ecuatoriano a ser uno de los principales exponentes que se escindieron de la vía a la paz que decidieron emprender las FARC, según la revista Semana.
Hoy en día, de acuerdo con la publicación, controla una buena parte del territorio cultivado con coca y mantiene vínculos con los cárteles mexicanos. Es la persona que tiene el control de los laboratorios de cocaína en el sur de Colombia: uno de estos establecimientos, destruído por el Ejército en octubre, tenía capacidad para producir 2.000 kilos de clorhidrato de cocaína por semana.
El líder guerrillero alcanzó notoriedad a raíz de una masacre el 5 de octubre de 2017, en Tumaco, en la que murieron siete campesinos, aunque el frente Óliver Sinisterra negó la responsabilidad de los hechos. A partir de entonces empezó una persecución que lo llevó a traspasar la frontera. Es allí que se dio el secuestro de los periodistas, a quienes utilizó como moneda de cambio por disidentes guerrilleros presos en Ecuador.
Para InsightCrime, "los actos violentos en la frontera entre Colombia y Ecuador permiten suponer que los disidentes de las FARC están tratando de apoderarse de esta estratégica región fronteriza, en un intento por consolidar su control sobre el comercio transfronterizo de drogas"..
El puerto permite alcanzar el océano Pacífico, una posibilidad que da "una cobertura perfecta" para el transporte de drogas. Además, su cercanía con la frontera de Colombia y otras zonas que se han vuelto una "plataforma" para el tráfico internacional de drogas lo posiciona como "un lugar estratégico".
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Según el portal, dedicado al seguimiento de grupos criminales, hasta 1.500 combatientes y milicianos forman parte de los grupos disidentes que operan en el sur de Colombia, que se han visto nutridos con una mayoría de personas empujadas por las "frustraciones con el incumplimiento del Gobierno con aspectos claves del acuerdo de paz y la atracción de volver al mundo criminal".