"Las repercusiones reales que esperan Estados Unidos y sus acólitos es precisamente el aislamiento de Venezuela de la comunidad internacional, que pudiera justificar una invasión al país", expresó Valdez.
El Gobierno de Panamá publicó el pasado 27 de marzo una resolución en la que limita operaciones económicas y financieras a 55 altos funcionarios venezolanos, así como a 16 empresas presuntamente vinculadas al presidente Nicolás Maduro.
En la lista de sancionados se encuentran el constituyente Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
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También figuran el fiscal general Tarek William Saab; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, y el jefe del Distrito Capital, el mayor general Antonio Benavides Torres.
"Agresiones"
Para Valdez, conductor del programa Boza con Valdez que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión, no son sanciones, sino agresiones con fines propagandísticos que buscan "dejar en el imaginario de muchas personas en el mundo que funcionarios del Gobierno se han enriquecido ilícitamente con el dinero del pueblo y que han destrozado este país".
Valdez asegura que hasta la fecha ninguno de los Gobiernos ha presentado las cuentas por las cuales han sancionado a los funcionarios del alto Gobierno.
"Eso de sancionar económicamente y bloquear cuentas no tiene sentido, porque no han presentado ni la primera cuenta de alguno de los funcionarios", sostuvo.
Al ser sancionado, el fiscal general de Venezuela retó a los Gobiernos de Suiza y Panamá a mostrar las supuestas cuentas bancarias a su nombre, después de que Ambos países decidieron bloquear los activos del funcionario en bancos de sus respectivas plazas financieras.
"En nada va afectar la economía venezolana, que ya está afectada por el bloqueo financiero y comercial que desde Estados Unidos y sus acólitos le tienen a Venezuela", expresó.
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El Gobierno de EEUU adoptó un conjunto de medidas, en agosto de 2017, para prohibir las transacciones y acuerdos financieros con el Gobierno de Venezuela y con la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), dirigidas a la administración de Maduro, a la que Washington califica de "dictadura".
A las sanciones a funcionarios impuestas por el Gobierno estadounidense se suma la orden ejecutiva que prohíbe todo tipo de transacciones con monedas digitales emitidas por Venezuela desde el 9 de enero de este año.
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