"Entre 2013 y 2016, unas 700.00 personas han sido desplazadas en las diferentes regiones del país; el hacinamiento carcelario en 2017 se ubicó en un 50,1% (…) y en 2016 las mujeres representaron el 86,21% de los casos de violencia por parte de su pareja", dijo la portavoz Luz Stella Aponte, abogada delegada de Colombia ante la ONU.
El informe, dado a conocer a la prensa por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), presenta una evaluación independiente de la situación de derechos humanos colombiana, que será analizada el 10 de mayo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto al reporte del Estado.
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El informe da cuenta asimismo de 11.644 violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario entre 2014 y 2016 y sostiene que "el 62,7% de los pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción, de estos 35 en inminente riesgo".
Persisten los desplazamientos, los bombardeos, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y el secuestro.
Respecto del acuerdo de paz entre el Gobierno y la disuelta guerrilla de las FARC, el reporte señala que aún no hay garantías para la reintegración a la vida civil de los excombatientes, ya que desde la firma del armisticio (en noviembre de 2016) hasta septiembre de 2017, un total de 32 exguerrilleros fueron asesinados.
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En la actualidad hay 13 de estos grupos que actúan en 344 municipios de 31 departamentos, denominadas por el Gobierno como bandas criminales y grupos residuales.
Según las organizaciones sociales que elaboraron el reporte, los paramilitares son responsables de por lo menos 174 amenazas a líderes sociales entre 2013 y 2017, periodo en el que además fueron asesinados 276 activistas y dirigentes de base.
