"El caso de genocidio contra Ríos Montt no ha quedado impune, recordemos que mientras se llevaba a cabo el [proceso] él estaba bajo arresto domiciliario, por tanto estaba preso en su casa; tuvo que escuchar durante el juicio los testimonios de la población ixil, más todos los documentos y peritajes que se hicieron, y eso fue una gran victoria para el pueblo ixil y para los guatemaltecos", señaló Mack.
La Corte consideró entonces que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió la resolución de suspender el debate y tramitar una recusación, publicó Prensa Libre.
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Pese a que se tratara de una anulación legal, "fue totalmente ilegítima", consideró la activista y presidenta de la Fundación Mirna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia en Guatemala.
Los abogados que anularon la condena por genocidio contra Ríos Montt a los que se refiere Mack son Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, ya que con sus votos tenían mayoría en la Corte de Constitucionalidad, formada por cinco magistrados.
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El denominado "Pacto de corruptos" que menciona la activista son los 112 políticos que en septiembre del año pasado aprobaron una sorpresiva reforma al Código Penal de Guatemala que eximía de culpa a los secretarios generales de los partidos en caso de financiación ilícita y ampliaba la conmutación de penas.
El proceso contra el exdictador (1926-2018) se reinició en octubre de 2017, pero sin que estuviera presente, debido a que se le diagnosticó demencia senil.
Tras ser derrocado en 1983, Ríos Montt fue electo diputado en 1995 y nuevamente en 1999.
Entre 2000 y 2004 presidió el Congreso de la República.
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En 2003 fue candidato a la presidencia, obteniendo 19,3% de los votos y quedando en tercer lugar, detrás de Álvaro Colom y de quien resultaría presidente electo, Óscar Berger.
Ríos Montt fue el primer dictador latinoamericano en ser condenado por delitos de lesa humanidad y genocidio.