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¿Ha interferido Julian Assange en los asuntos de otro Estado?

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El 28 de marzo Ecuador privó a Julian Assange del acceso a Internet por incumplir el compromiso que asumió con el Gobierno en 2017, por el que se obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados. En una entrevista con Sputnik, Greg Barns, consejero de WikiLeaks, cree que la medida no se puede justificar.

La decisión de Ecuador de dejar a Assange incomunicado en su embajada en Londres ha sido, según el propio Gobierno ecuatoriano, la respuesta al incumplimiento del fundador de WikiLeaks del contrato por el que se le condecía asilo político. Y es que Assange, según el documento, no debía interferir en los asuntos de otros Estados durante el tiempo que residiese en la embajada. Barns sugiere a Sputnik que esa decisión es, aun así, contraria a los derechos inherentes de Assange.

"La medida fue adoptada ante el incumplimiento por parte del australiano del compromiso escrito que asumió con el Gobierno ecuatoriano a finales de 2017, por el que se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia sobre otros Estados", señaló el 28 de marzo la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador.

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"Julian Assange es un periodista con derecho a tener su propia opinión. Ecuador en 2012 opinaba que las acciones del Reino Unido, de Estados Unidos y de Suecia influían mucho en la libertad de expresión de Assange. No es la primera vez [que le privan de conexión a Internet]. Pasó durante las elecciones de EEUU", recuerda.

Barns añade que, cuando una persona busca refugio en un país y ese país se lo concede, esa persona debe someterse a las leyes a la que se somete el resto de ciudadanos de ese país. "Y en Ecuador no hay gente a la que se le prive de Internet", subraya.

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También afirma que confinar a Assange sin Internet y, por tanto, sin contacto con nadie del exterior, "es un problema gordo", y subraya que la opinión que el fundador de Wikileaks vertió en Twitter no es única. "Si vamos a desconectar de Internet a todos los que comparten opiniones semejantes, nos faltarían horas", igual que en lo que respecta a la cuestión catalana, añade.

El consejero de WikiLeaks subraya que la cláusula del contrato que no permite a Assange interferir en los asuntos de otros Estados "es muy estricta", si bien, a la vez no le retiraba el derecho a utilizar Internet. La línea entre publicar unos comentarios en Twitter "como hace todo el mundo" e interferir en los asuntos de otro Estado es difícil de establecer, advierte.

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"Si no, toda la gente que compartiese la misma opinión sobre el tema catalán o apoyase las histéricas declaraciones de Theresa May estaría interfiriendo en los asuntos de otros Estados. Es ridículo", sentencia.

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"En Australia, el primer ministro, Malcolm Turnbull, anunció que expulsaba a dos diplomáticos rusos basándose única y exclusivamente [en que era 'altamente probable']. Y, sin embargo, el 22 de marzo desde el Tribunal Supremo del Reino Unido se dijo que los científicos no lo tenían nada claro".

Assange no solo ha vertido su opinión en Twitter sobre el caso Skripal, sino que ya son meses los que dedica, de manera intermitente, a criticar la posición del Gobierno español en la crisis catalana. El 26 de marzo, el fundador de Wikileaks comparaba la cooperación entre los cuerpo politiciales español y alemán que facilitó la detención del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con la detención de Lluís Companys, antiguo presidente catalán, a manos de la Gestapo en Francia en 1940.

El fundador de WikiLeaks reside en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, cuando se le fue concedido asilo político por miedo a que le extraditasen a Suecia acusado de abusos sexuales. El país escandinavo retiró los cargos tras una investigación que duró siete años, pero la policía británica afirmó que sería arrestado por publicar documentos confidenciales estadounidenses si salía de la embajada.

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