"Se hizo nuevamente un ajuste a la "chilena", faltó algo de reflexión [de parte del Gobierno] en una materia que es muy compleja de abordar", afirmó Siches.
La semana pasada el Gobierno de Sebastián Piñera modificó el reglamento de implementación de la ley promulgada el año pasado para permitir el aborto en tres causales: cuando la vida o salud de la madre corren peligro, cuando el feto sufre malformaciones que lo hacen inviable y cuando el embarazo es producto de una violación.
El Colegio Médico no fue advertido por el Gobierno que el reglamento de la ley sería modificado.
"El Ministerio de Salud nos había manifestado que iba a trabajar en esta modificación, pero nosotros fuimos notificados una vez que esta ya se había materializado", explicó Siches.
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El Estado debe revisar los convenios obstétricos que tiene con clínicas privadas que se han manifestado objetoras de conciencia, ya que estas, al recibir financiamiento fiscal "cumplen un rol público", abundó.
"Hay algunas instituciones privadas a las que el Estado les ha otorgado un rol público suscribiendo algunos convenios gineco-obstétricos; y estos centros deberían poder garantizar que se cumpla lo estipulado por la ley", señaló.
Además, planteó que todas las instituciones privadas deberían "transparentar claramente" cuáles son sus posturas sobre temas como el aborto, la anticoncepción y la fertilización asistida.
Siches se refirió al papel que debe jugar el Gobierno en fiscalizar la implementación, "garantizando" que las prestaciones efectivamente se realicen.
"El rol del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud es velar porque efectivamente la ley se cumpla, y esperamos que estos organismos ejerzan ese rol a cabalidad, sino eso sería un abandono de funciones", aseguró.
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La ley fue promulgada el año pasado por Michelle Bachelet, quien terminó su segundo mandato el 11 de este mes, luego de ser aprobada por el Congreso y analizada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, no pueden acogerse a la objeción de conciencias los hospitales públicos ni aquellos que reciban fondos fiscales a través de diferentes convenios, según la ley, aunque esta provisión fue eliminada en el nuevo reglamento.
Siete clínicas privadas anunciaron que se acogen a esta herramienta y que no realizarán abortos en sus establecimientos.
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La mayoría de estas instituciones están ligadas a la Iglesia Católica y a otras organizaciones religiosas.
