La Comisión de Fiscalización del parlamento "resolvió escuchar el 2 de abril próximo las pruebas de cargo de los legisladores acusadores en contra de Carlos Baca, quien, a su vez, deberá acudir el 11 de abril para exponer sus pruebas de descargo", informó el martes la Asamblea Nacional en un comunicado.
Según Chávez, la comisión está obligada "a cumplir los preceptos legales y constitucionales, actuar apegados a derecho, de forma objetiva, responsable, prudente y, lo que es más, transparente con el propósito de presentar un informe debidamente motivado sobre las razones para recomendar a la Asamblea Nacional el juicio o el archivo del mismo".
Siguiendo el cronograma, el 3 de abril recibirán también a varios ciudadanos relacionados con los hechos, entre ellos, el policía Danny Ibarra, el teniente coronel Renato González, jefe de la Unidad de Investigaciones; el general Patricio Pazmiño Castillo, y el notario séptimo de Quito, Omar Pino Bastidas.
El pedido de juicio político fue respaldado por 61 firmas de asambleístas del oficialismo y la oposición en un expediente de 40 páginas en el que se establece que la difusión de la grabación no cumplió con los parámetros establecidos en el Código Integral Penal y que Baca, por defender situaciones personales, puso en riesgo el ordenamiento jurídico del país.
En el audio en cuestión, se escucha cómo Serrano y Pólit acuerdan forjar acciones y documentos para provocar la salida del fiscal de su cargo, un hecho que le costó la presidencia del parlamento a Serrano.
Tras cumplirse los procesos, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe en el que recomendará si se debe continuar con el juicio político o archivarlo.
