La CIDH "urge al Estado salvadoreño a cumplir con su obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, a través de la no renovación de las medidas extraordinarias de seguridad, que deberá decidirse por la Asamblea Legislativa en los siguientes días", indica el comunicado.
Esas medidas comenzaron a regir en abril de 2016 y su vigencia fue prorrogada hasta abril próximo.
Según la CIDH, las medidas han ocasionado "serios riesgos para la vida e integridad de las personas detenidas".
"Además de incrementar las tasas de encarcelamiento, estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus familiares", añade el comunicado.
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Antes del 31 de este mes, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobará la renovación de las medidas, a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, afirma la CIDH.
Agrega que con estas medidas se presentarían afectaciones al debido proceso de los internos como "obstáculos para el acceso a la defensa jurídica, participación limitada en los procesos de forma remota a través de videoconferencias y suspensión constante de audiencias judiciales".
En febrero pasado la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas, Agnès Callamard, también pidió al Gobierno salvadoreño eliminar las medidas extraordinarias de seguridad en las cárceles.
Este mes se sumó a esos pedidos la Oficina en Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
