"El prolongado estado de excepción ha seguido erosionando la supremacía del derecho y empeorado la situación de los derechos humanos", dice el informe de la Acnudh, que analizó la situación en el país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
Los expertos de la ONU consideran que si el estado de emergencia continúa afectará la situación económica, social e institucional en Turquía.
Al mismo tiempo, la organización admite que tras una intentona golpista en julio de 2016 Turquía enfrentó problemas graves pero "la cantidad y frecuencia de publicación de algunos decretos no relacionados con las amenazas a la seguridad nacional indican que las fuerzas que operan durante el estado de excepción se usan para sofocar cualquier crítica o inconformidad con el Gobierno".
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Por lo cual, la Acnudh insiste en que las medidas se restrinjan hasta un nivel adecuado para esa situación y también tengan límites temporales y geográficos.
Además, la Acnudh insta a investigar todas las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar a lo largo de la vigencia del estado de excepción en el país y examinar la compensación para las víctimas.
La noche del 15 al 16 de julio de 2016 algunas facciones del Ejército turco emprendieron un intento armado de derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan pero los ataques fueron sofocados y el golpe de Estado fue frustrado.
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Tras la intentona, en todo el país otomano se inició una purga masiva, fueron detenidos o suspendidos decenas de miles de militares, agentes, jueces, funcionarios públicos y docentes por su presunta implicación en la intentona o vínculos con la organización del predicador islámico Fethullah Gulen al que Ankara acusa de haber orquestado el golpe de Estado.