También pasarán a ser juzgados por tribunales rasos los "exministros de Hacienda, Antonio Palocci y Guido Mantega, así como el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari Neto", mientras que las denuncias contra la senadora del PT Gleisi Hoffmann y de su marido, el exministro Paulo Bernardo, seguirán en el Supremo, debido a que ella tiene fuero privilegiado por ser senadora, resaltó la corte en un comunicado.
Dado que Rousseff y Lula ya no cuentan con esta inmunidad, sus casos se tratarán en la justicia del Distrito Federal, un primer escalón judicial que normalmente resuelve los casos con más rapidez.
En septiembre del año pasado todos los anteriormente citados fueron denunciados por el entonces procurador general Rodrigo Janot de supuestamente practicar un "abanico de delitos" contra la administración pública que habría sumado unos 1.400 millones de reales (430 millones de dólares) en perjuicio para las arcas del Estado.
La denuncias tratan de dilucidar si el partido de Lula y Rousseff instauró una organización criminal para desviar dinero de la petrolera semiestatal Petrobras.
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Los dirigentes políticos son acusados de "promover, constituir, financiar o integrar personalmente" esa supuesta organización, por lo que se enfrentan a penas de entre tres y ocho años de cárcel.
Al aceptar desmembrar el proceso, Fachin atendió parcialmente la petición del Ministerio Público Federal (Fiscalía), a pesar de que no derivó los casos al juez que encabeza la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, tal como querían los fiscales.