"Se produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42.583 registrados en todo el país, se trataba de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012; la cifra real podía ser más alta, ya que algunos crímenes no se denunciaban a la policía y no todos los que se denunciaban derivaban en medidas oficiales", indica el informe.
Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2017, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000, asegura.
Además, agrega que las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de esos homicidios.
Crítica a ley de seguridad interior
Amnistía afirma que la ley de Seguridad Interior, aprobada en diciembre por el Congreso mexicano, que permite la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, "no incluye disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil".
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, indica que en 2017 seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34.656 personas (25.682 hombres y 8.974 mujeres).
"Las cifras reales eran más altas porque la oficial excluía los casos federales anteriores a 2014 y los casos clasificados como delitos de otro tipo, como secuestros o tráfico de personas", afirma Amnistía.
Agrega que las ejecuciones extrajudiciales no se investigaban adecuadamente y quienes las perpetraban siguen gozando de impunidad.
"Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares", añade.
Violencia de género
La investigación de la mayoría de esos casos es deficiente y los autores de la violencia gozaban de impunidad.
Además, el Gobierno no dispone de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios, agrega.
Inmigrantes deportados
En 2017 México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.
De las personas deportadas, 94% procedían de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que habían registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo en años anteriores; 20% de esas personas eran niños.
Entre enero y agosto se presentaron 8.703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016.
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El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó de 35% en 2016 a 12% en 2017.
La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas refugiadas y solicitantes de asilo provenientes de Honduras y Venezuela; por primera vez, esas últimas superaron en número a las procedentes de El Salvador y Guatemala.
